La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Orden Ejecutiva 2025-042 con el objetivo de agilizar los proyectos de reparación y rehabilitación de viviendas financiados con fondos federales CDBG-DR y CDBG-MIT, destinados a familias de escasos recursos afectadas por desastres naturales.
La nueva orden modifica el Boletín Administrativo OE-2022-004, que aunque buscaba proteger ecosistemas naturales, impuso requisitos que han retrasado la ejecución de proyectos esenciales para la recuperación de comunidades vulnerables.
“Esta medida es un compromiso con las comunidades más vulnerables, eliminando barreras innecesarias que han impedido la reconstrucción de hogares”, expresó González Colón. “Garantizamos una respuesta más ágil, eficiente y sensible a las necesidades de vivienda en Puerto Rico”.
La disposición establece que los proyectos administrados por el Departamento de la Vivienda o sus subrecipientes autorizados quedarán exentos de las restricciones de la OE-2022-004, siempre que cumplan con los requisitos ambientales estatales y federales.
También se exime del requisito de permiso de inyección subterránea a los proyectos que incluyan sistemas de tratamiento de aguas residuales residenciales unifamiliares, conforme al Reglamento Núm. 3029.
Según detalla la orden, los proyectos en cuestión no son comerciales ni representan desarrollos de alto impacto, sino que se centran en rehabilitar estructuras existentes con efectos ambientales mínimos o mitigables.
La medida forma parte de la política pública del gobierno para agilizar los procesos administrativos y entra en vigor de forma inmediata.





















































Resulta dudoso que el gobierno haya llevado a cabo los estudios científicos, entre ellos estudios de subsuelos, para llevar a cabo esos “ajustes”. Los gobiernos de Puerto Rico han demostrado nuevamente que más vale pedir, perdón que pedir permiso, o sea, hacen lo que les vienen gana con tal
de dilapidar el dinero que los contribuyentes que proveen para los fondos federales. Todo como resultado de la falta de auditorías incisivas por parte del gobierno federal.