La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 122-2025, que crea el protocolo para el manejo de casos de abortos en menores de quince años o menos, requiriendo consentimiento informado y por escrito de uno de los padres o tutores legales antes de realizar el procedimiento.
La nueva ley surge del Proyecto del Senado 297, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, que fue aprobado por descargue en febrero y avalado en la Cámara el pasado 7 de octubre por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La legislación establece que ninguna clínica, centro, hospital o médico con licencia para practicar medicina en Puerto Rico podrá terminarle un embarazo a una menor de 15 años, salvo que se cumpla con unos requisitos por parte de alguno de los progenitores que ostente la patria potestad o la custodia legal.
La primera de estas condiciones obliga la presencia de uno de los padres al momento de llevarse a cabo la terminación de embarazo y la firma de un documento prestando su consentimiento informado. De igual forma, ordena que cada caso sea referido al Departamento de la Familia, aun cuando exista el consentimiento informado de uno de los progenitores.
Según dispone la medida, la acción de obligar a una menor de 15 años a terminar su embarazo será considerada un delito con pena de reclusión de tres años y conllevará una multa de $25 mil.
Opositores de la medida, como la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón, han indicado que el proyecto “parte de una premisa de que todas las jóvenes y menores cuentan con un círculo familiar de apoyo o que siempre todos los hogares son un espacio seguro”.
Asimismo, agregó que “vulnera los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes en Puerto Rico en un claro retroceso en materia de derechos reproductivos”.
