Dos contratistas del gobierno fueron sentenciados esta semana por su participación en esquemas de soborno separados en los que entregaron pagos al exalcalde del municipio de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, a cambio de que el alcalde otorgara contratos municipales a sus respectivas empresas.
Mario Villegas Vargas, de 44 años, de Gurabo, fue sentenciado a 46 meses (3 años y 10 meses) de prisión federal por conspiración para cometer soborno de fondos federales.
Según documentos judiciales, Villegas Vargas pagó sobornos a cambio de que el alcalde ejerciera su influencia sobre los funcionarios municipales de Cataño para garantizar que el negocio de asfalto y pavimentación de Villegas Vargas, JR Asphalt, obtuviera contratos municipales.
Los pagos de sobornos de Villegas Vargas y sus esfuerzos por ocultar esos pagos dieron como resultado que su negocio recibiera más de 9.9 millones de dólares en contratos municipales en Cataño.
Otros funcionarios públicos en Puerto Rico ya se han declarado culpables de recibir pagos de sobornos de JR Asphalt, incluidos los exalcaldes de Aguas Buenas, Guayama y Trujillo Alto y los exdirectores de Obras Públicas de Guayama y Cataño.
José Bou Santiago, de 50 años, de Bayamón, Puerto Rico, fue sentenciado el martes a dos años de prisión por conspiración para cometer soborno de fondos federales.
Según documentos judiciales, en abril de 2019, Bou Santiago entregó un reloj Rolex al entonces alcalde de Cataño a cambio de un futuro contrato municipal para la empresa de Bou Santiago, Bou Maintenance Service. Específicamente, en junio de 2019, el Servicio de Mantenimiento de Bou obtuvo un contrato de construcción por parte del municipio valorado en aproximadamente $190,000.
El fiscal general auxiliar Kenneth Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico, el Director Asistente Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI y el Agente Especial a Cargo Joseph González de la oficina de campo del FBI en San Juan hizo el anuncio.
La Oficina de Campo del FBI en San Juan investigó los casos.
Los abogados litigantes Nicholas Cannon y Ryan R. Crosswell de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el Jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública Seth Erbe del Distrito de Puerto Rico estuvieron a cargo de la acusación en los casos.
