La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) multó en $4 mil a la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, por designar a su ayudante administrativa como directora interina de Finanzas sin cumplir los requisitos de ley.
Asimismo, le impuso a la alcaldesa una pena de restitución ascendente a $15,914.42, correspondiente al pago de un diferencial -por encima del sueldo- que le otorgó a la referida empleada de confianza, identificada como Jessica González Carbonell.
El director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, estableció en su resolución del 29 de febrero que Bonilla Colón violó los incisos (b) y (r) del artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. La alcaldesa tiene 20 días para solicitar reconsideración.
Esta investigación derivó de los hallazgos de una auditoría realizada por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR).
Según el informe remitido por la oficial examinadora Diomarie Laboy Rivera, el pasado 22 de febrero, Bonilla Colón designó siete veces a González Carbonell como directora interina de Finanzas: 11 de octubre de 2013, 28 de abril de 2014, 31 de agosto de 2015, 15 de abril de 2016, 1 de marzo de 2017, 9 de agosto de 2017 y 14 de agosto de 2017.
Luego de la renuncia de la directora en propiedad de esa oficina, Ángeles Rivera González -el 18 de septiembre de 2017-, la alcaldesa volvió a nombrar a González Carbonell de forma interina ese mismo día y el 24 de septiembre de 2018.
Debido a que supuestamente realizaba ambas funciones, como ayudante administrativa y directora interina de Finanzas, González Carbonell recibió $15,914.42 por concepto del pago de un diferencial, según estipula el informe de la oficial examinadora.
La OCPR, que presentó la querella contra Bonilla Colón, concluyó que González Carbonell “no contaba con la preparación académica ni experiencia requerida para ocupar dicho puesto de manera interina”. Esto, en contravención a la Ley 181 de 1999 y a los Planes de Clasificación de Puestos y Retribución para el Servicio de Confianza en el Municipio de Salinas.
Según la información provista, González Carbonell tiene un bachillerato en Ciencias Químicas y otro en Ciencias en Ingeniería Civil, y su experiencia laboral previa había sido en planificación, obras públicas y programas federales en el Municipio de Guánica.
La OCPR también estableció que la alcaldesa “autorizó a la señora González Carbonell un diferencial en contravención del artículo 11.015 de la Ley 181 de 1991 y las secciones 5.4, 6.2 y 8.6 del Reglamento de retribución”.
González Carbonell renunció al puesto efectivo el 31 de julio de 2020.
La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón reaccionó a una determinación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) donde recomienda una multa por el nombramiento a una ayudante administrativa como directora interina de la Oficina de Finanzas desde octubre de 2017 hasta el 5 de agosto de 2018 y desde el 24 de octubre de 2018 hasta el 31 de julio de 2020.
Reacciona Bonilla Colón
“Por necesidad de servicio a la persona se le asignaron tareas adicionales a su puesto de ayudante administrativa mientras se completaba el nombramiento de un director del Departamento de Finanzas en propiedad. De hecho, dicha asistente nunca fue nombrada en propiedad como directora, y en la actualidad ya no labora en el Municipio de Salinas”, indicó Bonilla Colón en declaraciones escritas.
Asimismo, la ejecutiva municipal acusó a la OEG de ser selectiva. En su defensa, planteó que el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa Filomeno, ocupó el puesto interinamente durante más de tres años y el gobernador Pero Pierluisi Urrutia no ha sido procesado por ello.
“El problema está en que la OEG resuelve el caso sin darnos oportunidad a vista, violando el debido proceso de ley. Este es un caso selectivo, compañeros alcaldes del PNP han tenido los mismos señalamientos administrativos sin ser multados, y ni siquiera existen querellas de parte de Ética”, sostuvo Bonilla Colón.
