Legisladores municipales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) han lanzado una ofensiva contra el Proyecto de la Cámara 1079 (PC 1079) que impulsa el Partido Nuevo Progresista (PNP), al acusar que la medida desmantela protecciones claves de la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico y facilita la construcción en la zona del carso.
El PIP y grupos como Ciudadanos del Karso sostienen que el PC 1079, presentado bajo el discurso de “desarrollo” y “aprovechamiento de recursos”, erosiona protecciones construidas durante décadas alrededor del carso.
En Peñuelas, el biólogo, educador y legislador municipal del PIP, Elvin Joel Estrada García, advirtió que el carso “no es un terreno disponible para experimentos de flexibilización regulatoria ni para favorecer intereses económicos sobre la ciencia y la protección ambiental”, por lo que enfatizó que protegerlo es proteger el agua, los ecosistemas y el futuro de Puerto Rico.
Recordó que Peñuelas forma parte del carso del sur y que el sistema cársico de Puerto Rico -con sus mogotes, cuevas, sumideros, humedales, ríos subterráneos y acuíferos- es una de las regiones naturales más importantes y frágiles del Caribe, esencial para el abastecimiento de agua potable, la agricultura y la industria.
Advirtió que debilitar el marco legal que lo protege abre la puerta a impactos difíciles de revertir sobre la calidad y disponibilidad del agua, y recordó que la comunidad científica lleva años alertando sobre el vínculo entre uso de suelo en el carso y vulnerabilidad hídrica.
De otra parte, el portavoz de la Secretaría Ambiental del PIP y espeleólogo, Manolo Díaz Pérez, sostuvo que el PC 1079 debilitaría sustancialmente el andamiaje jurídico vigente bajo la Ley 292-1999 y el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso, algo que calificó como “altamente preocupante”.
Señaló que la medida sustituye el mandato de “proteger y conservar” por un enfoque de “proteger, aprovechar y manejar”, lo que a su juicio desplaza la prioridad normativa hacia la explotación económica de un sistema geológico extremadamente vulnerable.
Díaz Pérez denunció que el proyecto reduciría las facultades fiscalizadoras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al eliminar requisitos para autorizar determinadas estructuras y proyectos dentro de áreas cársicas protegidas, y que además propone dejar fuera ciertos procesos del alcance de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
A juicio del PIP, ese giro normativo torpedea la transparencia, la participación ciudadana, la realización de vistas públicas y el debido proceso administrativo, y coloca las decisiones sobre el carso en un terreno más opaco, con menos contrapesos democráticos frente a intereses inmobiliarios y turísticos.
Rechazo en Barceloneta
En Barceloneta, la Legislatura Municipal aprobó por unanimidad la resolución de rechazo presentada por el legislador del PIP, Radamés Medina Concepción, el pasado 2 de junio.
El funcionario recalcó que el carso en ese municipio alberga el Acuífero del Norte, la principal reserva de agua subterránea de Puerto Rico, que abastece a cientos de miles de personas y a la zona industrial, por lo que flexibilizar las protecciones sobre ese territorio equivale a amenazar la seguridad hídrica del país.
En la mirilla: Cabo Rojo
La pugna legislativa también se entrelaza con el debate alrededor del megaproyecto Esencia en Cabo Rojo, un desarrollo turístico y residencial de alta gama cuestionado por su impacto potencial sobre bosques costeros, suelos protegidos y recursos hídricos.
Líderes del PIP, como la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el secretario general del partido, Juan Dalmau Ramírez, han denunciado que la desaparición de delimitaciones claras y la flexibilización de protecciones cársicas favorecerían directamente la aprobación de ese proyecto.
La legisladora municipal del PIP y artesana caborrojeña, Yolanda Irizarry González, afirmó que aproximadamente el 37 por ciento de los terrenos propuestos para Esencia ubican dentro de la zona del carso, un área clave para la recarga de acuíferos y la integridad de los ecosistemas costeros.
Sostuvo que quienes perderían con la destrucción del carso y con la eventual construcción del megaproyecto serían las propias comunidades de Cabo Rojo, que ya enfrentan presiones sobre el acceso al agua y la conservación de sus playas y bosques.
Ante este panorama, sectores críticos reclaman que la mayoría legislativa y el Ejecutivo divulguen análisis técnicos completos sobre los riesgos que los cambios representarían para los acuíferos y la biodiversidad del carso, y señalan que la medida se discute en un contexto de fuerte promoción de nuevos desarrollos inmobiliarios y turísticos.
Más allá de las resoluciones del PIP, organizaciones como Ciudadanos del Karso han activado campañas de presión pública y cabildeo ciudadano para detener el PC 1079, incluyendo llamados a escribir a representantes de distrito, exigir vistas públicas amplias y documentar impactos sobre el terreno.
Para estos grupos, la pelea por el carso es un síntoma del modelo de desarrollo vigente, que -argumentan- continúa priorizando la especulación inmobiliaria sobre la seguridad hídrica, la justicia ambiental y la participación democrática en la planificación del país.
