La empresa LUMA Energy presentó este martes una contrademanda contra el Gobierno de Puerto Rico en respuesta a las acciones legales radicadas en su contra y estimó que una eventual cancelación de su contrato podría costarle al país al menos $4,500 millones en daños y costos operacionales.
La empresa informó que tomó la decisión luego de que la jueza Laura Taylor Swain devolviera los casos relacionados al contrato a los tribunales locales.
En el documento radicado, LUMA acusó al Gobierno de actuar de forma ilegal, con mala fe y con motivaciones político-partidistas al intentar anular acuerdos contractuales previamente avalados por la propia administración pública.
Según la empresa, las demandas presentadas por el Gobierno buscan cumplir una promesa de campaña sin considerar el impacto que podría tener sobre el sistema eléctrico del país.
“La administración, en su empedernido afán de ganar las elecciones, ha actuado con mala fe, dolo intencional y de manera temeraria en total detrimento del interés público”, sostuvo LUMA en declaraciones escritas.
La compañía alegó que el propio Gobierno extendió en 2022 el contrato suplementario actualmente cuestionado y que ese acuerdo fue presentado como un documento legal y vigente.
Además, advirtió que la terminación del contrato podría generar un escenario de inestabilidad en la red eléctrica y poner en riesgo el acceso de Puerto Rico a fondos federales vinculados a proyectos de reconstrucción energética.
LUMA aseguró que tanto la Junta de Supervisión Fiscal como otras partes involucradas en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica han advertido previamente sobre las consecuencias de cancelar el acuerdo de operación.
La empresa también cuestionó que el Gobierno continúe con el litigio sin presentar un plan alterno para garantizar la continuidad en la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución.
“No puede existir crecimiento ni desarrollo económico si empresas que hacen negocios en la isla son convertidas en daño colateral de una guerra político-partidista”, expresó la empresa.
