“En La Parguera no hay un ‘vacío legal’, no hay ‘ausencia de marco jurídico’, ni ‘incertidumbre jurídica’. Lo que hay es ilegalidad a plena vista, inacción del Estado para privilegiar a unos cuantos y usurpación de bienes públicos”.
Con estas palabras, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago descartó los argumentos utilizados por proponentes del Proyecto del Senado 272 (PS 272) para justificar la medida, que pretende “regular” el uso de residencias y muelles sobre terrenos de dominio público en La Parguera.
El PS 272, de Administración, enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para crear la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles de La Parguera”.
La medida fue el foco de una vista pública celebrada ayer, miércoles, en la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside el líder senatorial Thomas Rivera Schatz. La propuesta establece un régimen de concesiones por 40 años para las estructuras actualmente existentes, sujeto al pago de un canon anual por uso de superficie entre 5 por ciento y 10 por ciento mayor al aplicado a marinas privadas. El DRNA deberá emitir licencias, mantener un registro actualizado y prohibir la expansión, reconstrucción o nuevas construcciones sobre el litoral
La discusión se retomó luego de que el pasado 9 de enero -el mismo día de su designación como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)- Waldemar Quiles Pérez firmara una orden administrativa que “legaliza” las estructuras construidas sobre la zona marítimo terrestre de La Parguera y archivaba querellas contra José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.
A la pareja se le imputa haber ordenado el corte de mangles y haber rellenado espacio de humedal para construir una terraza que amplió la huella de su residencia playera.
A preguntas de Santiago Negrón, representantes del DRNA no pudieron precisar cuál es la disposición legal -previa a diciembre de 2024- que autoriza la permanencia de las estructuras en La Parguera, creando la supuesta “incertidumbre jurídica” a la cual aluden como justificación para el PS 272.
“¿Cómo es que una cosa es legal, si no tiene permiso?, pregunto la senadora. “Se pretende crear un marco jurídico que convierte en legal lo que hasta diciembre de 2024 era claramente ilegal”.
Pese a esto, representantes del DRNA y la Junta de Planificación cerraron filas con el PS 272, impulsado por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, toda vez que expresaron “reservas” sobre el Proyecto del Senado 697, presentado por el senador de minoría Eliezer Molina Pérez.
Esta última medida propone la creación de la “Ley para el Deslinde Nacional del Archipiélago de Puerto Rico”, con el fin principal de establecer un deslinde uniforme, georreferenciado y científicamente fundamentado de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, a lo largo de toda la costa del archipiélago.
Según el esfuerzo legislativo, la medida busca proteger la vida y la propiedad de las comunidades costeras, así como la integridad de ecosistemas frágiles como manglares, dunas, arrecifes y humedales. Además, procura dotar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación de herramientas precisas para la vigilancia, planificación y manejo del litoral.
El proyecto ordena la creación de un registro público digital que contenga información detallada de las estructuras costeras, su geolocalización, materiales y estatus legal. También faculta la colaboración con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y expertos en agrimensura y ciencias ambientales para desarrollar la cartografía y los criterios técnicos del deslinde. De igual forma, entre sus disposiciones, se prohíbe toda construcción permanente en la franja de salvamento y en zonas de separación cercanas al mar.
Bochornoso descaro ilegal, la ralea aburguesada de y en Puerto Rico, continúa y continuará haciendo y deshaciendo en esta Islita, igual que el otro cafre Presidencial norteamericanoque no respeta el patrimonio del pueblo (destruyendo el ala este de la Casa Blanca para construir otro circo para distracción de la escoria que lo respalda y apoya…)