Tres organizaciones de mujeres denunciaron que la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Puerto Rico incurrió en conflicto de interés y falta de balance durante la evaluación del Proyecto de la Cámara 575 que pretende flexibilizar la Ley de Armas.
El Proyecto Matria, el Observatorio de Equidad de Género y Kilómetro 0 precisaron que la comisión, presidida por Luis Ortiz Lugo, excluyó del informe del proyecto los memoriales y las cartas sometidas por ellas en oposición a la medida. Los documentos tampoco fueron incorporados en el trámite legislativo realizado por la comisión ni en la votación final del proyecto el pasado 9 de noviembre en la Cámara de Representantes.
Por el contrario, en el trámite solo constan las posturas de personas y grupos que favorecían la aprobación del proyecto de ley.
Estos grupos recordaron, además, que este proyecto podría beneficiar al armero, cabildero y presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, quien mantiene un caso administrativo por incumplimiento a la Ley de Armas.
Según publicó el periódico Noticel, Torres Meléndez ha tenido problemas administrativos y legales por tener armería muy cerca de planteles escolares y por importar municiones sin tener licencia para ello.
“Nuestras organizaciones enviaron memoriales oponiéndose desde el 28 de marzo de 2022, luego de que el proyecto se devolviera a comisión por no contar con los votos. Estos memoriales se acompañaron de datos estadísticos recopilados en Puerto Rico sobre los feminicidios y sobre el uso de fuerza policial contra personas armadas y desarmadas”, explicó la coordinadora de Política Pública de Proyecto Matria, Enid M. Pérez, en declaraciones escritas.
“Aún así, realizamos llamadas de seguimiento donde se dialogó con el director y personal técnico de la comisión, quienes informaron que podían incluir nuestras recomendaciones solo en las enmiendas al proyecto. Esto nos pareció incongruente con la intención de participación ciudadana, ya que los memoriales solicitados e incluidos en el récord y análisis de este proyecto fueron de personas y grupos a favor de la aprobación. Nos parece que se demostró así que no existe intención de tener un balance legislativo para evaluar y analizar este proyecto que afecta a toda la población y favorecen a una persona u organización”, agregó.
Debora Upegui-Hernández, analista del Observatorio de Equidad de Género, resaltó que el estudio La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018[1] constató que, para el periodo de 2014 al 2018, el 58 por ciento de los feminicidios fueron perpetrados por hombres que portaban armas de fuego.
“En lo que va del año 2022, el 76 por ciento de los feminicidios en los que se conoce la causa de muerte, ocurrieron con arma de fuego. Y el 66 por ciento de los feminicidios íntimos (10 de 15) que el Observatorio ha documentado en el 2022, fueron perpetrados con arma de fuego, la mayoría de ellos con armas para las cuales el feminicida tenía licencia de portación (6 de 10 feminicidios íntimos). Además, en 4 de los 6 feminicidios íntimos donde el feminicida tenía licencia de portación de armas, eran miembros o exmiembros de cuerpos de seguridad estatal, federal y privada”, detalló la analista.
“El flexibilizar la circulación de armas para personas privadas y para fuerzas de seguridad, pone en riesgo a toda la población y aún más a las mujeres”, afirmó.
Las organizaciones requirieron “que la rama legislativa lleve a cabo procesos de transparencia, participación ciudadana y balance legislativo”.
“Denunciamos la invisibilidad que se ha hecho al trabajo que sometimos y exigimos mayor apertura y discusión sobre la importancia de mayor restricción al acceso, uso y manejo de armas en nuestra sociedad”, afirmaron los grupos.
Luego de su aprobación el 9 de noviembre, el proyecto fue referido al Senado, donde será evaluado por la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside Thomas Rivera Schatz.
