El Proyecto de la Cámara 663, que regularía la construcción de torres de telecomunicaciones en Puerto Rico, quedó pendiente para ser considerado por el Senado de Puerto Rico en la próxima sesión ordinaria que iniciará en agosto.
La medida derogaría la Ley 89-2000, según enmendada, conocida como “Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”. En su lugar, crearía la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”.
En esencia, el estatuto aumentaría la participación ciudadana en el proceso de evaluación de las solicitudes de permiso para proyectos de este tipo e impondría mayores restricciones sobre su construcción.
La medida fue radicada en la Cámara de Representantes por los legisladores Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño; Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana; y Jesús Santa Rodríguez, del Partido Popular Democrático, por petición del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas.
También fue suscrita por los representantes populares Luis Raúl Torres Cruz, Edgardo Feliciano Sánchez, Jessie Cortés Ramos y Jocelyne Rodríguez Negrón; al igual que por los novoprogresistas Gabriel Rodríguez Aguiló y Ángel Bulerín Ramos, y Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad.
El Proyecto de la Cámara 663 fue aprobado en ese cuerpo el pasado 25 de junio, al cierre de la sesión ordinaria, con 49 votos a favor y uno en contra del penepé Carlos Méndez Núñez. Bulerín Ramos se ausentó a la votación.
La oficina de actas y récord del Senado confirmó este martes a La Perla del Sur que el proyecto llegó a ese cuerpo el lunes, 10 de julio, lo que ocurrió en receso, pues la Cámara Alta cesó sus trabajos el 29 de junio.
El trámite ordinario dicta que el presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, tiene que asignarle una comisión al proyecto para ser evaluado. La secretaría del Senado está a cargo de darle cumplimiento a ese trámite.
Sin embargo, para que la comisión pueda entrar a evaluar la medida, primero hay que darle lectura en el hemiciclo. La próxima sesión ordinaria comenzará en la tercera semana de agosto.
Justificación de la nueva ley
En su exposición de motivos, el proyecto establece que los procedimientos que sigue actualmente la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para conceder permisos para la construcción de torres de telecomunicaciones “se distancian abismalmente de las garantías de participación ciudadana que perseguía la Ley 89-2000”.
“No se celebran vistas públicas. No se evalúa el efecto en el valor de las propiedades cercanas a la estructura. No se consulta a las administraciones municipales. No hay notificaciones adecuadas a los vecinos, quienes se enteran cuando los proponentes llegan con los permisos en la mano”, lee la medida.
Asimismo, critica que la OGPe valide la información que suministra el proponente de la torre y otorgue el permiso, sin antes confirmar los datos que se proveen.
“Ni siquiera se realizan inspecciones oculares, confiando de manera irresponsable (como lo ha probado la experiencia) en lo que sometan los proponentes. Se han dado casos en que no es hasta finalizada la construcción que OGPe advierte que las obras se realizaron en predios que no corresponden al número catastral de la solicitud que aprobaron a ciegas”, describe el proyecto.
Qué se propone
De aprobarse y convertirse en ley, el proyecto obligaría a los proponentes de estas torres a notificar al ayuntamiento sobre su intención y obtener el endoso de la Legislatura Municipal.
“Dicho endoso será requerido por OGPe para poder otorgar el permiso”, señala la medida.
“No se permitirá la ubicación y construcción de torres de telecomunicaciones en los centros o “cascos” urbanos de los municipios, hospitales, escuelas, gasolineras, estructuras de servicios esenciales, como tanques de agua y centrales eléctricas, reservas agrícolas o zonas residenciales. Tampoco se permitirá la construcción de torres de telecomunicaciones en zonas ecológicamente sensitivas o de valor ecológico”, agrega el estatuto.
Por otra parte, se le requeriría a los proponentes notificar mediante correo certificado o personalmente a todas las personas que residan dentro del radio de un kilómetro de la ubicación de la torre. De no hacerlo, “se procederá a negar los permisos de construcción”.
Además, se le pediría al proponente “una acreditación en forma de declaración jurada, donde certifique la absoluta necesidad de ubicar la torre en ese sector en particular”.
Asimismo, la propuesta legislativa propone que no se otorgue el permiso “hasta tanto OGPE celebre una vista pública en la cual participen las diferentes comunidades colindantes a las fincas donde se proponen ubicar las torres”.
Actualmente, la distancia entre una torre y su colindancia más cercana debe ser la altura de la torre más el 10 por ciento. Con la nueva ley, esa distancia se mantendría si la ubicación fuera un distrito no residencial, no zonificado o rural.
El P. de la C. 663 propone que, para todos los demás terrenos, la distancia sea de 500 metros de su colindancia más cercana.
En el caso de que un proponente haya iniciado la construcción de una torre sin haber obtenido el permiso para ello, la estructura tendría que ser removida.
“No se considerarán ni otorgarán permisos para torres de telecomunicaciones si estos son solicitados después de haber iniciado cualquier aspecto de su construcción y se expedirá una multa administrativa al dueño de la torre de telecomunicaciones por $15 mil a favor de la Oficina de Gerencia de Permisos”, establece el proyecto.
También estipula que si la construcción de una torre es objeto de un proceso administrativo o judicial se tendrán que paralizar las obras “hasta tanto se cumpla con todo el proceso”.