Convertir nuevamente a Puerto Rico en una fortaleza militar estratégica de los Estados Unidos no solo representa un retroceso histórico, sino un intento desesperado de los sectores anexionistas que reniegan el colapso de la estadidad como opción descolonizadora y la negativa del presidente Donald Trump a respaldarla, sentenció hoy el colectivo Plan B Independencia.
Su reacción ocurrió en respuesta a expresiones del brigadier general Arturo Garffer, actual secretario de Seguridad Pública, quien en más de una entrevista reciente ha recomendado la reapertura de la base de Roosevelt Roads en Ceiba y otras instalaciones militares en Puerto Rico.
“Nuestro pueblo ya derrotó la militarización con las luchas históricas de Vieques, Culebra, Ramey y Ceiba, que lograron el cierre de esas bases militares y el fin del servicio militar obligatorio”, destacó la agrupación en declaraciones escritas.
“La muerte de David Sanes en Vieques en el año 1999 desató un movimiento multitudinario que culminó con la salida de la Marina en 2003. Pretender ignorar ese sacrificio colectivo es una afrenta a la memoria de quienes lucharon y a las comunidades que aún sufren las secuelas de la contaminación y la alta incidencia de cáncer”, agregó.
Irreal beneficio económico
“Remilitarizar a Puerto Rico es insistir en atarnos a un modelo de subordinación colonial, cuando lo que necesitamos es pensar en una seguridad centrada en el bienestar humano”, puntualizó el filósofo y analista político de Plan B Independencia, Carlos Rivera Lugo.
“La seguridad de un pueblo no se mide en portaaviones ni en bombarderos, sino en escuelas, hospitales y justicia social”, añadió.
De otra parte, Marta Quiñones, economista y portavoz del grupo, resaltó que “la experiencia económica es clara: las bases militares no generan desarrollo económico real. Todo lo contrario, crean dependencia artificial y profundizan la desigualdad”.
“Puerto Rico necesita inversión productiva en energías renovables, agricultura, ciencia y tecnología, no la falsa ilusión de empleos militares que desaparecen con el tiempo”, subrayó.
“El derecho internacional reconoce que un pueblo colonizado tiene derecho a vivir en paz y a decidir libremente su destino. Volver a abrir bases militares en Puerto Rico sería no solo un retroceso histórico, sino una violación directa a nuestro derecho a la autodeterminación”, declaró Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado y portavoz de Plan B Independencia.
“Nuestro futuro no puede seguir hipotecado a la estrategia militar de otra potencia”, continuó.
Por último, el trío planteó que “la verdadera seguridad y el verdadero desarrollo del pueblo puertorriqueño no se encuentran en la militarización, sino en la libertad política, la soberanía nacional y la construcción de un modelo económico justo, sostenible y descolonizado”.
“La gobernadora tiene el deber de desautorizar de inmediato al brigadier general Arturo Garffer. Sus expresiones no solo carecen de fundamento legal y moral, sino que también colocan al gobierno de Puerto Rico en la vergonzosa posición de avalar la subordinación colonial y militar”, expresaron.
El artículo sólo refleja la opinión de estas tres personas y gracias a las veces en que la milicia ha tenido que defender la democracia, ellos disfrutan de su derecho de expresión…
Mientras sigamos siendo Colonia de EE.UU. esa será nuestra desgracia, la falsa Democracia que permite que una Junta de Control sea quien gobierne a nuestro país…