La mayoría de las 470 escuelas que cerraron en Puerto Rico entre los años 2011 y 2022 pertenecían a las regiones educativas de Ponce y Mayagüez, reveló un estudio realizado por El Puente Puerto Rico y el Center for Puerto Rican Studies.
En ese periodo, Ponce perdió 96 escuelas y Mayagüez 91, señaló el director ejecutivo de El Puente, Federico Cintrón-Moscoso.
El Inventario de Escuelas Públicas en Puerto Rico 2011-2022 es el resultado de un estudio que permitió identificar en dónde están y cuál es la condición de las escuelas públicas manejadas por el Departamento de Educación, cuántas fueron clausuradas, cuántas terminaron en poder de otras entidades y con otros usos.
“Se dio la oportunidad de hacer la investigación sobre todo, porque entendíamos que el Departamento no estaba siendo suficientemente transparente con las escuelas que quedaban abiertas y cuáles habían cerrado, y se estaban manejando en los medios de comunicación distintos números”, indicó Cintrón-Moscoso en entrevista con La Perla del Sur.
El investigador explicó que usaron como punto de partida la lista de las 1,471 escuelas abiertas en agosto del 2011 que, según el DE, ha sido la cantidad más alta de planteles en uso en Puerto Rico.
Quince censistas se tiraron al campo a visitar estas escuelas, entre marzo y junio de 2022, y en el proceso encontraron 21 más. Por lo tanto, la muestra ascendió a 1,492 escuelas.
Los censistas observaron las instalaciones sin entrar a los planteles y completaron un formulario con preguntas dirigidas a categorizarlas, opinar sobre el estado de la infraestructura y si parecían seguras o no.
Además, usaron un sistema de información geográfica para enviar fotos y la ubicación exacta del plantel a una base de datos que produjo un mapa digital.
De este modo, se concibió el Mapa de Escuelas Abiertas y Cerradas de Puerto Rico, que estará en línea próximamente para consulta pública.
El estudio arrojó que 844 planteles (56.6 por ciento) estaban activos y bajo el manejo del DE, 470 escuelas (31.5 por ciento) estaban cerradas o abandonadas, y 170 (11.4 por ciento) eran estructuras operadas por alguna organización, se habían convertido en negocios o en escuelas chárter.
Además, ocho escuelas no fueron encontradas. Todavía se investiga qué pasó con ellas.
Escuelas cerradas
De las 470 escuelas clausuradas, 96 (20.4 por ciento) estaban en la región educativa de Ponce y 91 (19.4 por ciento) ubicaban en la región de Mayagüez.
También salió a relucir que 314 de las 470 (66.8 por ciento) estaban localizadas en la zona rural.
Asimismo, el estudio mostró que el 76.8 por ciento de las escuelas cerradas eran elementales y el 10 por ciento intermedias.
Como parte del estudio, se recogió la percepción de los censistas, quienes opinaron que el 8.7 por ciento de las escuelas cerradas estaban completamente abandonadas.
Igualmente, señalaron que el 72 por ciento requerían mantenimiento, el 45 por ciento necesitaban reparación, el 20 por ciento tenían daños estructurales y el 17 por ciento estaban en buenas condiciones.
Escuelas manejadas por el DE
Por otra parte, se descubrió que el 58.3 por ciento de las 844 escuelas activas ubicaban en la zona urbana, y la mayoría de estas en las regiones de Bayamón, Caguas y San Juan.
Según la percepción de los censistas, el 89.2 por ciento de los planteles en función estaba en buenas condiciones, el 20 por ciento requería mantenimiento, el 5.8 por ciento necesitaba reparación y el 3.6 por ciento mostraba daños estructurales.
También los censistas percibieron que el 73.1 por ciento eran “bien seguras” para realizar la actividad académica, el 22.5 “bastante seguras” y el cuatro por ciento “poco seguras”.
Planteles con otros usos
Asimismo, determinaron que entre los 170 planteles operados por una organización distinta al DE había escuelas chárter, negocios, hogares de ancianos y otros servicios.
De las escuelas no manejadas por el DE, el 55.9 por ciento estaba en zonas rurales, la mayoría de ellas en las regiones de Arecibo y Humacao.
Cierres “arbitrarios”
Otra de las conclusiones del estudio fue que la decisión de clausurar escuelas no tomó en cuenta la postura de las comunidades donde estaban enclavadas.
“El proceso de cerrar la escuela tiene que tomar en cuenta que ese es un edificio público en buenas condiciones y que se podría utilizar para otras funciones que necesita la comunidad. Esa es la evaluación que, en ninguna de las justificaciones que nos ha dado el gobierno, parecería estar tomada en cuenta”, expuso Cintrón-Moscoso.
“Simplemente, fue un ejercicio matemático donde se dijo que había que cerrar tantas escuelas, se escogieron las elementales bajo este pretexto de que estaban naciendo menos personas y fue una decisión completamente arbitraria, donde no hubo participación de las comunidades”, continuó.
“Pienso que, si se hubiese tenido esa participación con las comunidades, entonces la decisión de cómo manejar la falta de estudiantes, si de verdad la había, se hubiese resuelto en ese diálogo y se les hubiera dado la opción para que esa escuela se convirtiese en muchas otras cosas en función de la sociedad”, abundó.
Más en agenda
Ahora que cuentan con este mapa, El Puente y el Center for Puerto Rican Studies se proponen utilizar los datos para investigar otros ángulos, como el efecto que han tenido esos cierres en los estudiantes, en la parte social y económica de las comunidades, y en la capacidad de estas para enfrentar emergencias y las consecuencias del cambio climático.
“Me interesa mucho coger otras capas que se han ido creando”, planteó Cintrón-Moscoso. “Por ejemplo, salió hace poco la trayectoria de los huracanes en los últimos 100 años. (Quisiera) Ver cómo esas trayectorias van a afectar a unos sectores más que a otros y cuál es el rol de las escuelas”.
“Aquí, históricamente, las escuelas han servido como refugio y como centros de acopio y de servicio durante las emergencias. Así que el cierre de las escuelas no solamente afecta la parte de la educación, sino la prestación de un montón de servicios sociales. Por lo tanto, nos pone en una situación de vulnerabilidad mayor ante el cambio climático, que es la otra razón por la que estamos haciendo el estudio”, explicó.
Los investigadores son Cintrón-Moscoso, Margarita Moscoso-Álvarez y Joyce Cabán Reyes, de El Puente, y Jennifer Hinojosa y Jorge Soldevila, del Center for Puerto Rican Studies.