La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, indicó este martes que una investigación realizada por la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) de la agencia concluyó que Physician Correctional fue “negligente”, no obstante mantiene su contrato.
Así lo estableció la funcionaria en una ponencia sometida ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico, que hoy la citó para dar seguimiento a su investigación sobre la Ley 25 de 1992 que llevó a la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez.
La OISC recomendó revaluar la continuidad del contrato con Physician.
“El informe de Ia OISC recomienda ‘revaluar la continuidad del contrato con la Compañía Physician Correctional’, pues señalan que tanto su investigación como la de UTICORP, Inc. concluyen que la entidad fue “negligente en su proceder”. Indica el informe que, como mínimo, debe existir ‘mayor rigurosidad en procesos de auditorías constantes para que el DCR pueda asegurarse que Physician Correctional cumple con las leyes y reglamentos aplicables”, lee la ponencia presentada por la secretaria.
No obstante, Escobar Pabón explica que el contrato está bajo evaluación, que se realizarán ajustes, y que es un área de dificilísimo reclutamiento.
“Definitivamente se realizarán los ajustes que entendamos necesarios, sin descartar la resolución de ese o cualquier otro contrato. Es importante que tengamos consciente que este tipo de servicio no es de fácil contratación y no existe una multiplicidad de empresas locales que puedan ofrecerlos”, sostuvo en su ponencia.
Otra recomendación de la OISC es cancelarles el contrato a los médicos que evaluaron a Ávila Vázquez. Sin embargo, la secretaria dijo que prefiere esperar a que el Departamento de Justicia termine su pesquisa.
“En lo que respecta a la recomendación de ‘prescindir de los contratos para trabajar en el Sistema Correccional’ de los médicos que evaluaron a Ávila Vázquez, responsablemente entendemos que debemos esperar por la conclusión de los procesos ante el Departamento de Justicia”, reza la ponencia.
Otra de las recomendaciones descritas en el informe es reevaluar las acciones de ocho empleados involucrados en este caso, a los cuales se tomó la decisión de despedirlos. Sin embargo, el proceso no es final porque los empleados tienen derecho a una vista.
“Como parte del derecho al debido proceso de ley que les cobija, los funcionarios solicitaron la celebración de vistas informales para cada uno en la cual tendrán Ia oportunidad de, ante un oficial examinador, exponer las razones por las que entienden no deben ser separados de sus puestos. Estimamos que dichas vistas deben culminar a finales del mes de septiembre”, indicó la secretaria de Corrección.
Escobar Pabón dijo que tanto el informe de la OISC como el de UTICORP fueron referidos a Justicia.
Que los familiares de las victimas radiquen una demanda civil contra Physician Correctional y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), tienen causa de acción legal…