Sendos referidos para que se investigue el contrato de Genera PR fueron radicados hoy ante la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, adscrita a la Junta Reglamentadora del Servicio Público, anunciaron los representantes José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres Cruz.
Los legisladores reclamaron así la intervención de ambas oficinas ante las violaciones que le imputan al contrato de Genera PR LLC y disposiciones antimonopolísticas de la Ley 17 de 2019, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.
“Aquí hay una prohibición legal estableciendo que no se le puede dar más del 50 por ciento de los activos de generación a una sola compañía, pero se está colocando sobre el 70 por ciento de los activos en sus manos. Eso es una patente violación al artículo 1.8(a) de la Ley 17 de 2019”, planteó en conferencia de prensa el representante Márquez, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana.
Específicamente, indicó que la Ley 17-2019 dispone que “[e]l Sistema Eléctrico de Puerto Rico no podrá ser un monopolio verticalmente integrado. Tampoco podrá establecerse un monopolio horizontal en la función de generación”.
“Ninguna compañía de servicio eléctrico, por sí, a través de, o en conjunto con una subsidiaria o afiliada, podrá controlar el cincuenta por ciento (50%) o más de la capacidad de los activos de generación, con excepción de la Autoridad, y solo cuando se trate de activos de generación legados”, estipula la ley.
Aun así, el presidente la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Gil Enseñat, reconoció en una vista pública ante la Cámara que Genera PR tendría el control de 70 por ciento de los activos de generación.
“Precisamente, la semana pasada la comisión legislativa concluyó en un informe avalado por 11 miembros de la comisión, que el contrato de Genera PR es nulo por ser contrario a la Ley 17. Vamos a estar tomando acciones adicionales sobre otros incumplimientos legales que hemos identificado, pero este es un primer paso sobre el carácter monopolístico de este contrato”, sostuvo el representante Torres Cruz, presidente la Comisión que emitió el Informe sobre este tema.
“Una cosa es monopolizar la generación por visiones gubernamentales y económicas particulares, pero otra cosa es monopolizar la generación a toda costa, y en contra de lo que establece la ley. Estamos convencidos de que tanto la Oficina de Asuntos Monopolísticos como la Oficina de Independiente de Protección al Consumidor tienen el deber ministerial de intervenir”, agregó.
Los referidos incluyen un análisis legal de las disposiciones aplicables a contratos de privatización energética y solicitan a ambas entidades el inicio de investigaciones formales sobre el Contrato de Genera PR LLC, con miras a iniciar “todas las acciones civiles y criminales correspondientes”, incluyendo la impugnación judicial del contrato.
