La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) invirtió $119,483 en un sistema tecnológico especializado para auditorías internas que nunca fue utilizado para el propósito por el que fue adquirido, según reveló una auditoría de cumplimiento divulgada este martes por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
El informe también concluyó que la Rama Judicial lleva más de 11 años sin un Comité de Auditoría Interna en funciones, organismo creado para fortalecer la supervisión y transparencia de sus procesos fiscales.
La auditoría examinó operaciones realizadas entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2025 y emitió una opinión cualificada al identificar dos hallazgos principales relacionados con el manejo de recursos tecnológicos y mecanismos internos de fiscalización.
Uno de los señalamientos principales corresponde a la compra, en noviembre de 2020, de un programa especializado para la Oficina de Auditoría Fiscal y Operacional. La adquisición incluyó licencias, instalación, asesoría, adiestramientos e implementación tecnológica con una inversión inicial de $84,740.
Posteriormente, entre enero de 2021 y enero de 2024, la OAT desembolsó un total de $119,483 por licencias, almacenamiento en la nube, capacitación, asesoría técnica, instalación y mantenimiento del sistema durante tres años consecutivos.
Sin embargo, la Contraloría determinó que al 30 de junio de 2025 la plataforma nunca fue utilizada para realizar auditorías ni ejecutar las funciones específicas para las cuales fue adquirida.
“La responsabilidad de toda entidad pública es garantizar que los recursos tecnológicos y financieros adquiridos con fondos públicos produzcan beneficios concretos para la ciudadanía y fortalezcan la eficiencia institucional”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier.
La OAT argumentó durante el proceso de auditoría que el sistema sí fue utilizado para configurar plantillas, crear gabinetes electrónicos, almacenar información y realizar pruebas relacionadas con la herramienta.
No obstante, la Oficina de la Contralora sostuvo que esas tareas formaban parte del proceso de instalación y preparación, pero que el programa nunca llegó a cumplir con el propósito principal que justificó la inversión pública.
El segundo hallazgo del informe apunta a que el Comité de Auditoría Interna de la Rama Judicial permanece inactivo desde el 15 de abril de 2014, pese a que una orden administrativa emitida en 2007 establece su funcionamiento como mecanismo de supervisión independiente.
Según el informe, la ausencia de este organismo limita la capacidad de la Rama Judicial para contar con controles adicionales que fortalezcan la transparencia y confiabilidad de sus procesos fiscales.
Como parte de las recomendaciones, la Contralora pidió a la jueza presidenta del Tribunal Supremo designar nuevos miembros del comité para reactivar sus funciones y al director administrativo de los tribunales implementar medidas para garantizar que los recursos tecnológicos adquiridos produzcan beneficios concretos al interés público.
Durante los años fiscales comprendidos entre 2021 y 2025, la OAT recibió asignaciones por $505.7 millones y realizó desembolsos por $470.6 millones, manteniendo un saldo acumulado de aproximadamente $35.1 millones.
