La Contraloría de Puerto Rico emitió el jueves una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guayanilla.
El Informe revela que, el Municipio de Guayanilla remitió copia de los contratos y enmiendas a la Oficina del Contralor, hasta 90 días posteriores al tiempo que establecen las leyes y la reglamentación aplicable.
Del 2018 al 2021, el Municipio había otorgado ocho contratos y 22 enmiendas por $14,997,788 a tres compañías para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), y para servicios de gerencia de proyectos relacionados con las emergencias tras los huracanes, terremotos y pandemia.
La auditoría de un hallazgo señala que, al 27 de junio de 2022, no se habían corregido 13 reparos de cuatro contratos y dos enmiendas por $12,512,400. La notificación de reparo se produce cuando el contrato tiene alguna información incorrecta o incompleta. Los auditores hallaron que habían transcurrido hasta tres años en algunas de las notificaciones.
Esta situación no permite que los contratos y enmiendas, estuvieran accesibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos, en el tiempo requerido y con la información correcta.
El Informe comenta que el Municipio pagó $25,000 tras un Acuerdo Transaccional Confidencial y Relevo en el 2021, por una demanda civil de una empleada municipal en contra de un funcionario municipal, por hostigamiento sexual. Esta información se le remitió a la Oficina de Ética Gubernamental el 31 de octubre de 2022, para que tomen la acción correspondiente.
Este segundo y último informe de Guayanilla, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
