Pese al coro de críticas de líderes ambientales y comunitarios, la Cámara de Representantes aprobó en votación partidista -con 30 a favor y 16 en contra- el Proyecto de la Cámara 267, que pretende extender la operación de la carbonera de AES Puerto Rico, hasta al menos el 2032.
Tal y como adelantó ayer La Perla del Sur, la medida extiende por cinco años la operación de la carbonera -hasta el 31 de diciembre de 2032- y permite que la Oficina de Gerencia de Permisos otorgue a todo permiso necesario el tratamiento de “procedimiento expedito para estados de emergencia”.
La vía acelerada o fast track para “la renovación o concesión de nuevos permisos” aplicará igualmente a cualquier cumplimiento requerido por la Ley sobre Política Pública Ambiental, estipula el lenguaje preliminar del Proyecto de la Cámara 267 (PC 267).
“Esta extensión ha sido fuertemente criticada por diversos sectores que señalan los riesgos ambientales y de salud asociados con la quema de carbón. La continuidad del uso de carbón para la generación eléctrica es peligrosa y es un retroceso en la política de energía renovable. La quema de carbón es una de las formas de generación más perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública”, reaccionó el exrepresentante y expresidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres Cruz.
“Es cierto lo que dijo el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, cuando destacó el consenso social que se había alcanzado en 2019 sobre la necesidad de eliminar el uso de carbón y que la aprobación de este proyecto expone a las comunidades cercanas a la planta a riesgos significativos”, continuó.
“Si bien la estabilidad y asequibilidad del suministro eléctrico son prioridades indiscutibles, prolongar la dependencia del carbón puede tener consecuencias adversas a largo plazo para la salud pública y el medio ambiente. Además, esta extensión podría desalentar inversiones en fuentes de energía renovable, retrasando la transición hacia un sistema energético más sostenible y limpio”, añadió.
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Partido Popular Democrático (PPD) votaron en contra de la pieza legislativa.
“El gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) sigue insistiendo en extender la quema de carbón. Acaban de aprobar el proyecto 267 para atender el sistema eléctrico de Puerto Rico, dejando en evidencia que, tanto en el Ejecutivo así como en el Legislativo, quieren continuar amarrando a Puerto Rico a un modelo energético sucio, costoso y obsoleto. Ah, pero no bajan las medidas para iniciar un proceso para salir del contrato de LUMA. Se les ve la costura.”, sostuvo el portavoz del (PPD), Héctor Ferrer Santiago.
La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, también señaló su rechazo al proyecto al señalar que “no resuelve la crisis real que tenemos de energía eléctrica”.
Por la delegación del PNP, el representante Fernando Sanabria Colón fue el único que votó en contra del proyecto.
El legislador por el Distrito 30, que comprende Guayama, Arroyo, Salinas y Santa Isabel, afirmó que su voto simbolizó el sentir de las comunidades aledañas a la planta que han enfrentado efectos nocivos en su salud como resultado de las emisiones tóxicas.
“Mi voto en este proyecto va a ser la voz de mis constituyentes, y no es menos cierto que mis constituyentes no quieren a la carbonera en el área sur. Mi voto en el proyecto va a ser en contra, representando a la gente de Guayama y de Salinas”, declaró.
Previo a la votación, el abogado especializado en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Rolando Emmanuelli Jiménez, advirtió que «la medida no solo acorta o elimina los plazos legales para la participación ciudadana, sino que también limita el tiempo disponible para que los expertos contratados por los opositores preparen sus informes periciales”.
El proyecto ahora pasa a la consideración del Senado.
