Luego de recibir un revés ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, la Cámara de Representantes de Puerto Rico acudirá al Tribunal Supremo de Estados Unidos para tratar de revertir la nulidad de la reforma laboral.
“Como le comunicamos al país tan pronto se declaró nula la Ley 41-2022, acudiremos a todos los foros pertinentes hasta agotar los remedios disponibles. Por tal razón, elevaremos nuestro reclamo al Tribunal Supremo federal para que declare la validez de este estatuto y así hacerle justicia a cientos de miles de empleados puertorriqueños”, anunció hoy el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, mediante comunicado de prensa.
La Ley 41 de 2022, que restituía algunos derechos laborales eliminados bajo la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares en el 2017, fue anulada por la jueza federal Laura Taylor Swain, quien dirige el proceso de quiebra del país bajo el Título III de la Ley PROMESA.
Esto, luego de que la Junta de Control Fiscal la impugnara alegando que el Gobierno de Puerto Rico no presentó un informe de su impacto fiscal, acorde con la Sección 204(a) de PROMESA.
La Cámara apeló la decisión de Swain ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que confirmó la sentencia. Luego solicitó una reconsideración al pleno del Circuito, la cual fue denegada ayer.
“Hemos instruido a nuestros abogados para que inicien inmediatamente el trámite de apelar esta decisión ante el Supremo federal”, dijo Hernández Montañez.
El presidente cameral indicó que esta no será la única movida para insistir en la restitución de los derechos laborales eliminados a la fuerza trabajadora puertorriqueña.
“El pasado 21 de agosto, aprobamos en la Cámara el PC-1651, que contiene las mismas disposiciones de la Ley 41-2022 y está acompañado de un informe preparado por la Oficina de Presupuesto de Asamblea Legislativa (OPAL) que certifica que no tiene ningún impacto fiscal”, sostuvo.
Además, recordó que la congresista Lori Chávez-DeRemer presentó el H.R. 4853 para enmendar la Sección 204(a) de la Ley PROMESA, a los fines de que los informes de impacto fiscal presentados por la OPAL sean aceptados por la JCF para poner en vigor las leyes aprobadas por la Legislatura y firmadas por el gobernador, y que no se repita este escenario.
