La Cámara de Representantes aprobó una medida de la gobernadora, Jenniffer González Colón, para derogar la Ley 12-2008 -que estableció la política pública en el área de seguridad portuaria- con el propósito de eliminar el modelo obligatorio de escaneo de contenedores.
El Proyecto de la Cámara 1304 plantea que el Gobierno Central ha desembolsado durante más de una década sobre $168 millones relacionados con este contrato y los cargos asociados al escaneo de furgones han sido trasladados, en última instancia, al consumidor puertorriqueño.
“La derogación de esta legislación y el establecimiento de una nueva política pública representa un paso importante para reducir costos innecesarios en el movimiento de carga, simplificar los procesos en los puertos y contribuir a aliviar presiones que inciden directamente sobre el costo de vida en Puerto Rico”, reza la legislación.
La compañía S2 Service Puerto Rico LLC ha peticionado a la Autoridad de los Puertos alrededor de $100 millones por concepto de la terminación del contrato, intereses sobre pagos, así como facturas y balances pendientes.
La Fortaleza ha insistido en que el modelo ha probado ser costoso e ineficiente, por lo que buscan impulsar una nueva política pública de seguridad portuaria, que se ejecutaría en coordinación con el gobierno federal, “para evitar la imposición de cargos o estructuras regulatorias innecesarias”.
El proyecto de ley argumenta que las prácticas de seguridad portuaria han evolucionado desde la implementación de la Ley 12 e insiste que las estrategias más efectivas de inspección se fundamentan en modelos de análisis de riesgo, inteligencia y selección dirigida de cargas sospechosas.
