En un escueto comunicado de prensa en el que no mencionó al alcalde Luis Irizarry Pabón, el representante Ángel Fourquet Cordero le pidió al pueblo de Ponce que tenga confianza en las instituciones gubernamentales.
Y es que Irizarry Pabón será acusado el próximo martes, 31 de octubre por los fiscales especiales independientes Manuel Núñez Corrada y Zulma I. Fúster Troche. Ese día se sabrá los cargos, pero es de conocimiento público que el alcalde es investigado por presuntas irregularidades cometidas en su campaña política de 2020.
“[…] insto al pueblo ponceño a mantener la serenidad y la confianza en las instituciones gubernamentales. Debemos unirnos todos como comunidad y trabajar juntos para superar los desafíos que se nos presentan”, manifestó por escrito el legislador.
El representante por el Distrito 24 de Ponce dijo, además, que se debe tener calma mientras el caso se desarrolla en el tribunal.
“Hacemos un llamado a la calma y la prudencia, en este momento, el proceso legal debe seguir su curso y confiamos en que se hará justicia y que prevalezca la verdad”, sostuvo el legislador, sin asumir postura a favor o en contra del alcalde.
Desde que se conoció que Irizarry Pabón era objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia y luego el PFEI, el nombre de Fourquet Cordero ha sido mencionado como su potencial sustituto en la alcaldía si el mandatario renuncia o es destituido.
El legislador no se expresó sobre el particular.
El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que dio paso al referido al PFEI, detalla que Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 y 251 del Código Penal; los artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el artículo 13.005 de la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a la contralora Yesmín M. Valdivieso, que a su vez fue referida al Departamento de Justicia. En dicha comunicación se alegó que el alcalde ponceño les había solicitado a dos funcionarios municipales que recogiera aportaciones monetarias entre varios empleados de confianza.
El dinero se usaría para pagar un préstamo personal que tomó Irizarry Pabón para pagar, parcialmente, los gastos de su campaña electoral a la alcaldía de Ponce.
Por estos hechos, la Oficina del Contralor Electoral le impuso a Irizarry Pabón y a la tesorera de su comité de campaña, Damaris Suliveres, multas y penalidades ascendentes a $159,944.24 por presuntamente violar la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas.
