La alcaldía de Ponce todavía no ha entregado los documentos que sustentan la declaración de 32 propiedades como estorbos públicos, que el legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Hernández Lázaro, le solicitó mediante demanda en octubre pasado.
Hernández Lázaro, quien es abogado, inicialmente pidió la información a través de la Ley 141, pero le fue denegada. Por lo tanto, presentó un recurso judicial para que se le entregaran los documentos.
“El 13 noviembre, el municipio presentó una moción pidiendo un término de 10 días para producir los documentos. No se opusieron a producirlos, sino a que le dieran un término adicional, luego de que el tribunal nos haya citado y le diera 10 días para que contestara”, señaló ayer el legislador municipal en entrevista con La Perla del Sur.
“Ese término venció ayer (lunes, 25 de noviembre) y todavía no han entregado los documentos”, puntualizó.
Ante el incumplimiento, Hernández Lázaro se comunicó con la directora de la División Legal del municipio, Natalia Cervoni, y esta le indicó “que todavía no tenían todos los documentos completos”.
“Así que se presentó una moción en el tribunal diciéndole que estábamos en esas conversaciones y que no se cerrara el caso hasta tanto se me entregaran los documentos y pudiéramos corroborar que lo que se entregó fue lo que se pidió”, explicó.
Hernández Lázaro dijo que Cervoni se comprometió a entregar los documentos la próxima semana. Debido a que sale de viaje fuera de Puerto Rico esta semana, el legislador municipal le pidió al tribunal que le diera hasta el 20 de diciembre para responder si, en efecto, el municipio cumplió con todos los requerimientos de la solicitud.
A través de esta petición, el legislador de MVC busca saber dos cosas: cómo se seleccionaron esas 32 propiedades y cómo se eligió a la abogada que conduce el proceso.
“Se pidió los documentos relacionados a la notificación de declaración de estorbos públicos. que incluían 32 propiedades. En cada expediente tiene que haber una evaluación de un ingeniero, (evidencia) de trabajos y procesos, para verificar por qué se seleccionaron estas propiedades cuando algunas, por lo menos a primera vista, no parecería que son estorbos públicos”, estipuló Hernández Lázaro, quien también pidió una lista actualizada de las estructuras catalogadas como tal.
De otro lado, requirió una explicación sobre el proceso que siguió la alcaldía para contratar a la abogada Alexandra Pagán García, quien es la esposa del director de Planificación y Desarrollo Económico municipal, Jean Paul González Santini.
El administrador de la ciudad, Francisco Rodríguez Alier, firmó un contrato con Pagán García por un monto de $12,500, con vigencia del 30 de agosto al 31 de diciembre de 2024.
El contrato 2025-000243 estipula que la forma de contratación fue mediante solicitud de propuesta y que se paga con fondos federales. También establece que es un contrato para servicios legales y consultoría al Programa de Estorbos Públicos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Socioeconómico, y que Pagán García trabajará con los procesos de expropiación forzosa de estorbos públicos.
El acuerdo económico es $125 por hora, con un máximo de 100 horas de trabajo o $12,500 mientras dure el contrato.
En el contrato se indica que, el 9 de mayo de este año, el municipio le pidió a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que emitiera una opinión sobre esta contratación, por tratarse de la esposa de un director de dependencia.
“Como resultado de la evaluación por parte de la Oficina de Ética Gubernamental estos emitieron una dispensa para que el municipio pueda contratar los servicios de la Lcda. Alexandra Pagán García, toda vez que la contratación responde a un asunto de seguridad pública para la ciudadanía. Por consiguiente, el 18 de junio de 2024, la Oficina de Ética Gubernamental autorizó la contratación para el periodo entre el 1 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024”, lee el contrato.
Sin embargo, Hernández Lázaro desea conocer a fondo qué llevó a la contratación de Pagán García.
“No queda del todo claro cómo fue que se llegó a ese contrato, si se hizo sometiendo propuestas, cómo fue que llegó a ese contrato final”, manifestó.
En su perfil de LinkedIn, Pagán García señala que es graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y que además de abogada es notaria. También estipula que labora por contrato como ajustadora de seguros para Mapfre desde el 2018, donde ha trabajado las reclamaciones de daños por el huracán María y los terremotos. Hace casi cinco años tiene su bufete Veritas Legal Office.
