El 22 de agosto de 2023, cuando salió a defenderse de las multas que le impuso la Oficina del Contralor Electoral (OCE) por no reportar donativos de campaña, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, negó que la aportación de $19 mil que le hiciera el empresario Oscar Santamaría hubiese entrado a la cuenta bancaria de su comité político.
Sin embargo, su abogado José Andreu Fuentes no solo aceptó ayer que el donativo se realizó, sino que lo catalogó de “nada malo” porque, a pesar de que no se registró ante la OCE, eso no es un delito.
“¿A dónde fueron a parar los $19 mil? No sé. A la campaña no fueron. No llegaron ni al comité ni a Irizarry Pabón”, aseveró Irizarry Pabón aquel 22 de agosto durante una rueda de prensa en un restaurante de Ponce, en la que le acompañaron decenas de jefes de dependencias, empleados y legisladores municipales, y militantes del Partido Popular Democrático (PPD).
De hecho, ese día sugirió que alguno de sus recaudadores de campaña -Luis Báez Rodríguez u Oscar Iván Nazario Segarra-, o ambos, pudieron haberse quedado con el dinero.
“Este alcalde no ha recibido dinero, primero de nadie, de nadie, y si Oscar Santamaría dio $19 mil, que es lo que registra la Oficina del Contralor Electoral, buena gestión para saber dónde quedaron. Tengo dos recaudadores. Lo más probable que uno de ellos, o los dos”, sostuvo Irizarry Pabón.
Fue precisamente en el contrainterrogatorio a Báez Rodríguez, durante la vista preliminar contra Irizarry Pabón por cuatro cargos criminales, que el licenciado Andreu Fuentes trajo a colación el donativo de Santamaría, hoy convicto por sobornar alcaldes a cambio de contratos.
Según el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Irizarry Pabón solicitó donativos entre sus jefes de dependencias para repagar un préstamo personal de $50 mil que utilizó, parcialmente, para cubrir gastos de campaña. Por ello le imputan haberse enriquecido de manera ilícita.
Sin embargo, la defensa plantea que se trata de un préstamo de campaña y que los donativos que se realizaron para repagarlo también son políticos, por lo que están protegidos por la Constitución de Estados Unidos y el derecho a la libertad de expresión, y no supusieron un beneficio para Irizarry Pabón.
En ese contexto, las preguntas de Andreu Fuentes a Báez Rodríguez fueron dirigidas a establecer que todo el dinero que entraba a la cuenta bancaria del Comité Amigos Dr. Luis Irizarry Pabón se usaba para pagar gastos de la campaña.
Durante el contrainterrogatorio se dio el siguiente intercambio:
Porque había aportaciones de campaña como la que usted dijo aquí de Oscar Santamaría, que no se registraban, ¿correcto?
Correcto.
Pero eso no quiere decir que no fuera una aportación de campaña, ¿verdad que no?
Exacto.
Y eso no quiere decir que no cubrieran gastos de campaña, ¿verdad que no?
Exacto.
El préstamo que se hizo en el Banco Popular era un préstamo a la campaña, ¿correcto?
Me dieron a depositar $30 mil para la campaña, correcto.
Como préstamo a la campaña, ¿correcto?
Correcto.
Ahí culminó esa línea de preguntas por objeción del PFEI, ya que el abogado había llevado al testigo a establecer que el préstamo era de campaña cuando su argumento para acusar a Irizarry Pabón es que el préstamo personal y que incurrió en enriquecimiento injustificado al pedir dinero para pagarlo.
Posteriormente, a su salida del tribunal, Andreu Fuentes defendió la legalidad del donativo de Santamaría.
“Esa cantidad de dinero es una aportación política que el señor Santamaría hizo a la campaña también, que está protegida y así se determinó por el contralor electoral (Walter Vélez Martínez)”, señaló el líder de la defensa.
“El contralor electoral de este país determinó que la aportación de Oscar, ese señor Santamaría, al comité de campaña era una aportación política, no es nada malo. Lo que es malo es lo que ha pasado con otras personas que se hicieron sobornos”, agregó.
La Perla del Sur le recordó que el donativo no se registró y por eso multaron a Irizarry Pabón y a la tesorera de su comité de campaña, Damaris Suliveres Cruz, a lo que el abogado respondió: “Claro, pero eso no es un delito”.
La OCE determinó que ambos violaron la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas y les impuso multas ascendentes a $128,531.26 y la obligación de devolverle al Departamento de Hacienda $31,412.98, para un total de $159,944.24.
José Andreu, cuando era juez era un abusador y bocón, no tenía temperamento judicial; prohibido olvidar…