Las víctimas del tiroteo en una escuela de Uvalde en la que murieron 21 personas interpusieron una demanda contra la policía local y estatal, la ciudad y otros funcionarios escolares y policiales, y en ella exigen $27,000 millones por el retraso de las autoridades en enfrentar al agresor, según documentos judiciales.
La demanda, que fue presentada en un tribunal federal de Austin el martes, alega que los funcionarios no siguieron el protocolo para enfrentar atacantes armados al aguardar más de una hora para confrontar al agresor dentro de un aula.
La querella pretende que se le dé estatus de demanda colectiva y se paguen daños a los sobrevivientes de la balacera del 24 de mayo que han sufrido “daños emocionales o psicológicos a consecuencia de la conducta y las omisiones de los demandados en esa fecha”.
Entre los que entablaron la demanda están personal del plantel y representantes de menores que estaban presentes en la Escuela Primaria Robb cuando un hombre armado ingresó a las instalaciones, matando a 19 niños y dos profesoras en el tiroteo más letal en una escuela de Estados Unidos en casi una década.
En lugar de apegarse a su entrenamiento previo para detener a un atacante armado, “la conducta de los trescientos setenta y seis (376) agentes policiales que estuvieron disponibles durante los exhaustivamente tormentosos setenta y siete minutos de indecisión policial, disfuncionalidad y daño, se ubicó excesivamente por debajo de los estándares a los que los obligaba su deber”, alega la demanda.
Funcionarios municipales de Uvalde dijeron que el viernes no habían recibido copia de los papeles y que no comentan sobre litigios pendientes.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Distrito Escolar Consolidado de Uvalde no respondieron a solicitudes de comentarios.
Dos agentes han sido despedidos debido a sus acciones en el sitio y otros han renunciado o han sido puestos bajo licencia. En octubre, cuando fue confrontado por primera vez por las familias de las víctimas de Uvalde acerca de las versiones falsas y cambiantes de parte de la policía y la falta de transparencia en la información disponible, el coronel Steve McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, reconoció que los agentes cometieron errores. Pero McCraw defendió a su agencia y afirmó que “no le fallaron” a Uvalde.
