Activistas y víctimas de la violencia armada reclamaron este lunes en Washington restricciones a la distribución de armas de fuego estadounidenses en Latinoamérica, especialmente en México.
En un acto organizado por el Centro para el Progreso Estadounidense, activistas como Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (México), urgieron a controlar el flujo de armas.
«Para atemorizar a un pueblo, no son suficientes las armas, ahora te asesinan», reivindicó Tizapa, quien lleva desde 2014 luchando contra esta situación en su país, obligado a dejar su trabajo para seguir concienciando a la gente.
En México, el 70 por ciento de homicidios por armas de fuego 2000 a 2020 fueron cometidos con armas estadounidenses, expuso John Lindsay-Poland, coordinador de «Stop armas de EE.UU. a México».
El activista aludió a un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, que muestra que cerca de la mitad de las armas de fuego exportadas desde este país fueron «legalmente» distribuidas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
«Esto indica que hay un problema muy importante con el control de las armas de fuego exportadas legalmente a esos países, sin ningún control real en la fase de concesión de licencias de esas exportaciones», señaló Lindsay-Poland.
A su vez, defendió que el principal motivo de estas exportaciones no es el control de la inseguridad ante la presencia de organizaciones delictivas, sino controlar la migración, por lo que reiteró que «existe una necesidad imperiosa de identificar quiénes son los usuarios finales de estas armas de fuego».
Asimismo, la directora de Operaciones de Acción contra la Violencia de las Armas, Elizabeth Burke, apuntó a las medidas que podrían tomar los fabricantes para reducir el flujo de armas, como la reforma de sus prácticas comerciales para vender solo a distribuidores autorizados «que cumplan las buenas prácticas», acordar un código de conducta y negarse a vender rifles de calibre 50.
Según Burke, las empresas deberían negarse a vender armas «fácilmente modificables» por los cárteles para convertirlas en armas de fuego capaces de disparar cientos de balas a la vez: «Los fabricantes de armas saben esto y diseñan armas para que puedan ser modificadas fácilmente», incidió.
Las aspiraciones de organizaciones como Global Exchange pasan por «detener el flujo legal de armas estadounidenses a México» y las exportaciones a unidades policiales y militares «con un historial de corrupción y violaciones a los derechos humanos».
Su codirector ejecutivo, Marco Castillo, instó a los Gobiernos de México y Estados Unidos a «generar condiciones de paz, de vida, de prosperidad y de justicia». Castillo estuvo acompañado por familiares de víctimas de la violencia con armas como Manuel Oliver, quien perdió a su hijo en el tiroteo escolar de Parkland (EE.UU.) de 2018.
