El presidente Joe Biden firmó una orden el lunes para combatir la violencia sexual en zonas de guerra, elevando el problema —cada vez más documentado en Ucrania y otros conflictos— a nivel de posible violación grave de derechos humanos castigada con sanciones y otras medidas punitivas contra los perpetradores.
El mandatario estadounidense firmó el memorándum a fin de combatir el uso de las violaciones como arma de guerra, ya sea por individuos o gobiernos extranjeros.
El documento estipula, por primera vez, que los Departamentos de Estado y del Tesoro y otras agencias de Estados Unidos deben dar igual consideración a los actos de violencia sexual que a otras violaciones de derechos humanos al momento de sancionar o tomar otras medidas punitivas contra actores extranjeros.
La política actual estadounidense permite imponer sanciones por violencia sexual en zonas de conflicto, pero por lo general no es aplicada.
La medida surge en momentos en que Naciones Unidas ha denunciado que la violencia sexual en Ucrania, especialmente contra mujeres y niñas, es prevalente y mayor a lo reportado.
La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield ha mencionado “una montaña de reportes creíbles de atrocidades cometidas por fuerzas rusas contra civiles” incluyendo “relatos espeluznantes de violencia sexual”.
La administración Biden mencionó el lunes la proliferación de violencia sexual en Ucrania, Etiopía y otras partes. Citó un reporte de la ONU según el cual en 2021 hubo 3,293 casos verificados de violencia sexual en 18 países, comparado con unos 800 del año previo. La ONU estima que, por cada violación reportada en una zona de conflicto, hay entre 10 y 20 que quedan sin reportar.
El gobierno estadounidense previamente había prometido otros 400,000 dólares además de su contribución anual de 1.75 millones a la Oficina del Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos.
El Departamento de Estado planea una inversión adicional de 5.5 millones de dólares para los próximos dos años en proyectos de sociedad civil y grupos de sobrevivientes, y ampliará programas que ayudan a sobrevivientes y que documentan e investigan tales actos de violencia.
