El Congreso dio ayer su aprobación final a una iniciativa que cambia la arcana ley que rige la certificación de una contienda presidencial, el esfuerzo más grande hasta ahora para evitar que se repita el intento de Donald Trump de revertir su derrota en las elecciones de 2020.
La Cámara de Representantes aprobó una reforma a la Ley de Escrutinio Electoral como parte de su enorme proyecto de ley de gastos de fin de año, después de que el Senado aprobara una redacción idéntica el jueves. La iniciativa pasa ahora al presidente Joe Biden para que la firme.
Biden elogió la inclusión de las disposiciones en el proyecto de ley de gastos, y declaró que se trata de una “acción bipartidista crucial que ayudará a garantizar que se preserve la voluntad del pueblo”.
La iniciativa es la respuesta legislativa más significativa que ha dado el Congreso hasta ahora a los agresivos intentos de Trump de anular el voto popular, y una medida que había sido instada por la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que llevó a cabo una investigación sobre el violento asedio al Capitolio.
Las disposiciones que modifican la ley de 1887 —que durante mucho tiempo ha sido criticada por estar mal y confusamente redactada— obtuvieron apoyo bipartidista y dificultarán que futuros perdedores de elecciones presidenciales impidan la asunción de sus adversarios, como intentó hacer Trump el 6 de enero de 2021.
“Es un logro monumental, particularmente en esta atmósfera partidista, para una reredacción tan importante de una ley que es tan crucial para nuestra democracia”, señaló Rick Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California campus Los Ángeles. “Esta ley cierra las vías que Trump y sus aliados intentaron utilizar en 2020, y que podrían haber sido explotadas en futuras elecciones”.
El 6 de enero, Trump apuntó sus baterías a la ratificación de los votos del Colegio Electoral por parte del Congreso. Trató de explotar el papel del vicepresidente en la lectura de los electores de los estados para que Mike Pence bloqueara a Biden como próximo presidente mediante la omisión de algunos estados que Biden ganó. Las nuevas disposiciones dejan claro que las responsabilidades del vicepresidente en el proceso son meramente ceremoniales y que el vicepresidente no tiene voz en la determinación de quién ganó realmente las elecciones.
La nueva ley también aumenta el umbral necesario para que los miembros del Congreso se opongan a la certificación de los electores. Antes, solo un miembro de la Cámara de Representantes y del Senado, respectivamente, tenía que oponerse para forzar una votación nominal sobre los electores de un estado. Eso contribuyó a que las objeciones a los nuevos presidentes se convirtieran en una táctica partidista rutinaria: los demócratas se opusieron a certificar tanto las elecciones de George W. Bush como las de Trump en 2016.
Esas objeciones, sin embargo, fueron principalmente simbólicas y se produjeron después de que los demócratas hubieran admitido que los candidatos republicanos ganaron la presidencia. El 6 de enero de 2021, los republicanos forzaron una votación para certificar las victorias de Biden en Arizona y Pensilvania, incluso después del violento ataque al Capitolio, mientras Trump seguía insistiendo falsamente en que había ganado las elecciones. Eso llevó a algunos miembros del Congreso a preocuparse de que el proceso pudiera ser manipulado con demasiada facilidad.
Bajo las nuevas reglas, se requeriría una quinta parte de cada cámara para forzar una votación sobre las listas de electores de los estados.
Las nuevas disposiciones también garantizan que sólo una lista de electores llegue al Congreso, después de que Trump y sus aliados intentaran sin éxito crear listas alternativas de electores en los estados que ganó Biden. A partir de ahora, cada gobernador deberá dar su visto bueno a los electores, y el Congreso no podrá considerar las listas presentadas por otros funcionarios. El proyecto de ley crea un proceso legal en caso de que alguno de esos electores sea impugnado por un candidato presidencial.
La nueva ley también cerraría una laguna jurídica que no se utilizó en 2020, pero que los expertos en elecciones temían que pudiera utilizarse: una disposición que permite a las legislaturas estatales nombrar a los electores, desafiando el voto popular de su estado, en caso de una elección “fallida”. Ese término se ha entendido como una contienda que sufriera tantas interrupciones o fuera tan dudosa que no hubiera forma de determinar el ganador real, pero no está bien definido en la ley anterior.
Ahora un estado puede cambiar la fecha de sus elecciones presidenciales, pero sólo en caso de “acontecimientos extraordinarios y catastróficos”, como un desastre natural.
Hasen dijo que, aunque los cambios son significativos, sigue habiendo peligros para la democracia, señalando que en Arizona, por ejemplo, la candidata republicana a la gubernatura Kari Lake, estaba a la espera de una sentencia el viernes en una demanda que presentó para anular la victoria de su oponente demócrata, Katie Hobbs.
“Nadie debe pensar que la aprobación de esta ley significa que estamos fuera de peligro”, dijo Hasen. “Esto no es una cosa hecha”.
