Cerca de 40 organizaciones que acompañan a comunidades históricamente empobrecidas —entre ellas niñez, madres solteras, adultos mayores, personas con diversidad funcional, sobrevivientes de violencia doméstica y familias en riesgo de sinhogarismo— exigieron hoy una respuesta inmediata del Gobierno de Puerto Rico ante la posible suspensión del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y otros programas alimentarios a partir del 1 de noviembre.
En una declaración conjunta, los grupos denunciaron que el país enfrenta una crisis alimentaria que afecta con mayor severidad a las poblaciones más vulnerables.
“La pobreza nunca es voluntaria o merecida; no se elige. La pobreza y la desigualdad son condiciones inducidas de forma sistémica que afectan el bienestar económico, físico, mental y social de la gente”, expresa el documento.
Las organizaciones advirtieron que el contexto actual requiere una respuesta contundente y coordinada del Estado, y criticaron la falta de claridad en las expresiones de la gobernadora y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre la disponibilidad de fondos locales para atender la emergencia.
“No existe una respuesta concreta para las familias participantes. Esto es inaceptable”, señalaron.
Asimismo, compararon la inacción del gobierno local con las medidas adoptadas por al menos 25 estados de Estados Unidos, donde se han identificado fondos de emergencia o presentado demandas federales para garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria.
“El PAN no es un regalo ni un privilegio, sino una política pública de justicia social. La comida es un derecho fundamental y corresponde al gobierno velar porque se disfrute plenamente”, reafirmaron los grupos.
Entre las acciones que reclaman, las organizaciones urgieron al Gobierno de Puerto Rico a:
- Declarar un estado de emergencia por la suspensión de los programas de asistencia nutricional.
- Utilizar el fondo de emergencia y divulgar la capacidad económica y ahorros disponibles.
- Establecer moratorias en el pago de servicios esenciales para las familias beneficiarias del PAN.
- Garantizar la distribución y continuidad de los servicios de alimentos, incluyendo comedores escolares, égidas y centros de cuidado prolongado.
Los portavoces insistieron en que el hambre no puede esperar y que el Estado tiene una responsabilidad indelegable de proteger el acceso a los alimentos, especialmente ante la incertidumbre que enfrentan miles de familias en la isla.
