El escenario para la aprobación del proyecto que eliminaría el impuesto al inventario en 2028 está complicado, según indicó el martes la gobernadora Jenniffer González Colón.
“En este momento yo quisiera firmarlo, pero como está el proyecto, es muy difícil tomar una decisión”, señaló la gobernadora a preguntas de la prensa.
González Colón insistió en que la solución es que los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez Núñez, cambien de parecer y acepten el pedido de los alcaldes para que se devuelva el proyecto a la Cámara de Representantes. Ambos han reiterado que, para ellos, el tema es caso cerrado.
“Yo en el pasado he hecho expresiones similares, pero aquí tienes 78 alcaldes populares y penepés que se han puesto de acuerdo para pedir una devolución, y tienes a líderes del sector privado que entienden que esto tiene que revisarse. Tenemos una limitación de tiempo, porque yo lo tengo que atender antes del jueves. Así que eso literalmente le quita oportunidades a ver una medida como esta ser aprobada”, añadió la gobernadora.
Según la gobernadora, que el lenguaje del Proyecto de la Cámara 420 establezca la congelación a tres años y su cancelación sin la alternativa para sustituir los fondos complica el panorama.
“Y yo no me cierro a una alternativa que no necesariamente sea cinco años, pero tres es imposible identificarlo. Le voy a explicar por qué: porque nosotros tenemos ahora una reforma contributiva que va a radicarse en los próximos días y puede tener un impacto de más de $500 millones. Y, a la misma vez, yo tengo que dejar al Gobierno de Puerto Rico preparado por si el Tribunal Federal decide algo con el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso sería un cantazo monumental al bolsillo del consumidor. Así que, además de todo eso, añadirle $314 millones en menos de tres años es imposible de lograr”, sostuvo.
Los portavoces del sector privado le pidieron a la gobernadora que firme la medida y luego se corrijan los errores técnicos, como los que plantea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, mientras que los alcaldes insisten en que, si los líderes legislativos mantienen su negativa a solicitar la devolución del proyecto, sea vetado.
La gobernadora tiene hasta este jueves para tomar la decisión.
