Organizaciones del sector empresarial solicitaron formalmente una reunión con la gobernadora Jenniffer González Colón para dialogar sobre el Proyecto de la Cámara 420, el cual congelaría por tres años el impuesto al inventario y lo eliminaría en 2028.
La petición se realiza en momentos en que los presidentes de los cuerpos legislativos anunciaron públicamente que no reevaluarán la medida y no solicitarán la devolución del proyecto a la gobernadora.
“El PC 420 representa un paso histórico hacia la justicia contributiva ciudadana, la competitividad y la estabilidad económica del país. Solicitamos respetuosamente reunirnos con la gobernadora para dialogar sobre la medida y las alternativas que ya se han identificado para su sustitución, sin que conlleve nuevos impuestos”, expresó José González, presidente de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET).
Los líderes empresariales advirtieron que no firmar esta ley representaría un retroceso en los esfuerzos por modernizar el sistema contributivo y asegurar la competitividad de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones.
Además, recordaron que el impuesto al inventario tiene un efecto directo sobre el consumidor, al limitar la disponibilidad de productos de primera necesidad y equipos o materiales de emergencia.
“Este proyecto ofrece una ruta clara y ordenada: protege las finanzas municipales, garantiza inventarios más amplios y fortalece la seguridad nacional. Es una oportunidad de justicia económica y al ciudadano que no podemos dejar pasar. Por ello, solicitamos a la Gobernadora que lo convierta en ley”, añadió Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico.
El sector privado enfatizó que la medida fue aprobada por consenso entre ambos cuerpos legislativos y que los equipos técnicos ya están trabajando en la identificación de mecanismos de sustitución que garanticen la continuidad de los servicios municipales sin afectar la economía local.
Las organizaciones que suscriben el reclamo, entre ellas ACDET, Hecho en Puerto Rico, el CUD, la Asociación de Restaurantes (ASORE), la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) y La Asociación de Centros Comerciales, reiteraron su solicitud a la gobernadora para que ejerza su liderazgo firmando el PC 420, una medida ampliamente respaldada por la legislatura, el sector privado y los ciudadanos.
“Puerto Rico necesita una ruta clara de desarrollo económico, estabilidad y confianza. El PC 420 es esa ruta”, concluyó González.
