El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) urgió este viernes al Estado y a la sociedad a implementar estrategias integrales para atender la creciente violencia que afecta a la niñez y juventud en Puerto Rico.
La organización advirtió que el problema no solo se manifiesta en maltrato físico y emocional, abuso sexual o negligencia, sino también en violencias estructurales derivadas de la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a salud, educación y bienestar.
“Enfrentamos condiciones de crisis. Como sociedad, debemos aspirar a crear condiciones para erradicar las violencias ya normalizadas, aspirando al desarrollo integral de las personas, particularmente durante las distintas etapas del crecimiento”, afirmó la doctora Alice Pérez Fernández, portavoz del FAAS.
La doctora Migna Rivera García, directora del Programa de Consejería Psicológica de la Universidad Albizu, destacó que las estadísticas revelan un panorama preocupante. Según el Instituto de Estadísticas, Puerto Rico mantiene tasas elevadas de maltrato infantil, mientras que cerca de la mitad de los menores que llegan a los tribunales presentan disturbios emocionales, problemas familiares y económicos.
En el año fiscal 2015, un 48.3 por ciento de estos menores mostró problemas emocionales, más de la mitad reportó dificultades económicas y uno de cada tres señaló antecedentes delictivos familiares.
El FAAS sostuvo que la respuesta debe ser multisectorial. Señaló que los Departamentos de Educación, Salud, Familia y la Procuraduría de las Mujeres tienen la obligación de garantizar recursos y protocolos claros de prevención, mientras que padres y cuidadores necesitan herramientas para una crianza afectiva y libre de violencia. Asimismo, recalcó la necesidad de fortalecer el sistema judicial y los mecanismos de protección infantil, así como la creación de redes comunitarias de apoyo.
Entre las recomendaciones, la organización propuso programas universales de prevención desde la primera infancia, un sistema educativo con enfoque socioemocional y de género, servicios de salud mental accesibles, protocolos interagenciales efectivos y campañas públicas que visibilicen los derechos de los menores.
“El llamado es a transformar las condiciones estructurales que perpetúan la violencia. Nos corresponde actuar con urgencia y compromiso para garantizar el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes y erradicar la cultura de la violencia en Puerto Rico”, puntualizó Pérez Fernández.
