En medio de los recientes apagones que afectaron a más de 160 mil abonados del servicio eléctrico, a pesar de que el huracán Erin paso a 200 millas de Puerto Rico, volvieron a resurgir los reclamos generalizados para la salida de LUMA Energy de la operación y mantenimiento de la red eléctrica.
Ante la amenaza de otros ciclones que puedan llegar más cerca y quizás, hasta tocar tierra en nuestro archipiélago en esta temporada, urge tener un plan para el sistema eléctrico que garantice el acceso a la energía confiable y asequible.
Según la política pública del país, también deberá encaminarse la energía renovable que cumpla con el Plan de Uso de Terrenos.
La propuesta de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) retome la operación y mantenimiento tanto de transmisión, distribución y generación de energía y otras funciones del sistema eléctrico está ganando adeptos. Pero existe consenso que deberá ser una AEE completamente centrada en el interés público y no controlada por los carteles de combustibles fósiles, corporaciones con fines lucrativos ni los partidos políticos.
Existen distintas formas en que se podría lograr la meta de la llamada descarbonización; la AEE podría utilizar los fondos de recuperación y mitigación de desastres para proveer sistemas solares en techos y baterías a las y los abonados, así como sufragar programas de eficiencia y educación energética.
También se debe considerar que la AEE provea los sistemas solares e implemente un proceso de cobro en la factura (on-bill financing).
Ante la fragilidad del diseño centralizado de la red eléctrica de Puerto Rico urge autorizar a la AEE a poner en marcha la transformación técnica hacia un sistema eléctrico con acceso universal de toda la población de Puerto Rico a energía renovable distribuida, conjuntamente con almacenamiento de energía, programas de eficiencia y manejo de la demanda energética, entre otras alternativas sostenibles.
Asimismo, a utilizar los fondos de recuperación y mitigación de desastres y otros fondos para suplir sistemas solares en techos, sobre estacionamientos y otras áreas construidas y cercanas a los puntos de consumo al sector residencial, los comercios, industrias e instituciones como las escuelas y las instalaciones de infraestructura de purificación y tratamiento de agua, entre otras.
Con relación a la gobernanza de la AEE, el interés público requiere la participación efectiva en las decisiones sobre el sistema eléctrico de distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo representantes de las y los abonados, las comunidades cercanas a la infraestructura principal del sistema eléctrico, peritos en sistemas eléctricos renovables distribuidos y gobernanza y administración de entidades públicas.
Actualmente, existe una especie de segregación energética donde solo una porción reducida de la población puede sufragar los altos costos (a sobreprecio) de compra o arrendamiento de los equipos solares en techos y baterías que son financiados por empresas foráneas como Sunnova, que ha desplegado practicas depredadoras documentadas.
Aunque la llamada medición neta, el pago de la AEE por la compra de energía de estos sistemas individuales, le permite a los clientes recuperar una parte de los costos del equipo, los altos costos siguen fuera del alcance de la gran mayoría de la población puertorriqueña.
Además, el pico de la demanda eléctrica en el país sigue alto. De ahí, la necesidad de que la AEE provea los sistemas solares distribuidos que brinden seguridad energética universal. Mas aun en estos tiempos de tormentas cada vez más intensas que aceleran su potencia destructiva de forma repentina y están asociadas a la crisis climática.
A través de la energía renovable distribuida también se pueden minimizar los gastos y perdidas en transmisión y distribución de energía.
Según los estudios del Laboratorio de Energía Renovable Nacional (NREL) del Departamento de Energía federal (DOE), la energía renovable distribuida como los sistemas solares en techos o cercanos al punto de consumo son un “offset” al sistema de transmisión, es decir, reducen o eliminan la necesidad de transmisión de energía, porque la energía se genera en o cerca del punto de consumo.
Con estos sistemas distribuidos y descentralizados también se minimizan los impactos a los árboles, bosques y ecosistemas.
Esto es no solo un asunto de equidad sino también de vida o muerte. Todas y todos en nuestro país necesitan acceso a la seguridad energética que proveen los sistemas solares en techos o cerca del punto de consumo a precios asequibles para minimizar las interrupciones en el servicio eléctrico.
La autora es abogada especializada en Derecho Ambiental.
