El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) por negarse a proveer información pública sobre los servicios de salud mental forense que reciben personas privadas de libertad en Puerto Rico.
La acción legal surge pese a que más de 5 mil confinados requieren servicios de salud mental, sin que se conozcan detalles sobre el personal disponible y las camas de hospitalización en instituciones de psiquiatría forense.
El CPI indicó que desde el 7 de julio solicitó datos sobre la lista de espera de pacientes, su ubicación, perfil demográfico, cantidad de camas disponibles y ocupadas, y personal especializado. La petición fue realizada por la periodista Amanda Pérez Pintado a la oficina de comunicaciones de ASSMCA, pero la agencia no ha entregado la información.
“Es importante conocer cómo se manejan los servicios de salud mental a personas que el sistema judicial ha determinado que necesitan tratamiento en hospitales de psiquiatría forense. El pueblo tiene derecho a saber cuántas personas están en espera, cuánto tiempo llevan ahí y si el Estado tiene la capacidad para atenderlas responsablemente”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
La periodista Pérez Pintado añadió que “es lamentable tener que recurrir al tribunal para obtener esta información, a pesar de las gestiones de seguimiento y el tiempo que se le dio a la agencia para producir los datos. Puerto Rico tiene derecho a saber cómo el Estado está atendiendo la crisis de salud mental que aqueja al país”.
El CPI es representado en este caso por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, a través de los abogados Luis José Torres Asencio, Steven P. Lausell Recurt y Judith W. Berkan Barnett.
