Luego de más de un mes sin recibir respuesta, el Frente Amplio de Acción Social (FAAS) volvió a denunciar la falta de atención y rendición de cuentas por parte del gobierno de Puerto Rico ante la situación de menores migrantes que quedan en desamparo cuando arrestan a las personas adultas que los cuidan.
Según la doctora Alice Pérez Fernández, coordinadora general del FAAS, la gobernadora Jenniffer González Colón, la secretaria de la Familia Suzanne Roig Fuertes y la procuradora de las Mujeres, licenciada Astrid Piñeiro Vázquez, no han respondido a la solicitud del frente para que aclaren cuál es la política pública actual y qué medidas concretas han tomado respecto a la protección de estos menores.
“Desde nuestra denuncia, tanto funcionarios estatales como federales han permanecido en silencio, a pesar de que hay notas de prensa que evidencian que existen menores enfrentando el trauma de quedarse sin sus cuidadores”, reclamó Pérez Fernández. Destacó que solo el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, contestó la comunicación enviada, y con él se están haciendo gestiones para coordinar una reunión.
El pasado 3 de junio, el FAAS pidió formalmente a la administración de González Colón que estableciera una política pública enfocada en garantizar el bienestar de los menores migrantes. Requirieron conocer si actualmente hay menores bajo custodia del gobierno tras haber sido separados de sus padres, madres o cuidadores debido a procesos migratorios, y solicitó información detallada sobre su paradero, salud y situación legal.
“Queremos saber si existe coordinación entre el Departamento de la Familia y las autoridades federales para evitar separaciones familiares indebidas, que puedan violar convenios internacionales que protegen los derechos de la niñez”, insistió la doctora Migna Rivera García, de la Universidad Albizu. Además, subrayó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres debe certificar si entre las personas arrestadas o deportadas hay madres o cuidadoras de menores residentes en la isla.
Por su parte, Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, cuestionó cómo el gobierno asegura la alimentación, salud, vivienda, educación y demás derechos humanos básicos de estos menores. Recordó que el 81 por ciento de las personas deportadas desde enero provienen de República Dominicana y Haití, comunidades históricamente vulnerabilizadas.
“Es responsabilidad del Estado proteger a toda la ciudadanía. Nuestro compromiso —que debería ser el mismo del gobierno— es garantizar los derechos humanos y civiles de todas las personas que viven en Puerto Rico”, afirmó Figueroa.
El FAAS también exigió que se informe si el gobierno está cumpliendo con el protocolo establecido por la Ley 57-2023, enmendada por la Ley 200-2024, para dar prioridad a la reunificación familiar.
“La administración de González Colón afirma que su gestión está basada en la transparencia y la rendición de cuentas, pero incumple de forma reiterada”, denunció la doctora Rivera García. “Basta ya de ignorar los reclamos del pueblo. Esperamos respuestas claras, basadas en datos verificables, ante una crisis social tan seria como esta”.
