A cinco años y medio de aquella convulsa madrugada, las huellas del mayor terremoto registrado en la isla durante el 2020 aún saltan a la vista en pluralidad de escenarios al sur de Puerto Rico.
En solares como el que ocupaban la Casa Alcaldía de Guánica y el multipisos vacacional de Playa Santa, al igual que en la derruida Iglesia de la Inmaculada Concepción de María en Guayanilla y los desolados condominios Ponciana, Estancias de Aragón y Torre de Plaza en Ponce, los efectos de aquel sismo siguen latentes, inalterados y evidentes.
Sin embargo, su golpe más demoledor no se manifiesta en ninguno de esos predios. Tampoco en otros edificios severamente dañados. Radica en el desamparo y resignación de quienes en menos de un minuto lo perdieron todo. Su principal inversión. Su único hogar.
Desde entonces, la impotencia de cientos de padres y madres de familia e, incluso, de adultos mayores sin descendientes en la isla no ha encontrado remedio ni una válvula de escape. Hasta ahora.
Como reveló Carlos Jirau Vélez, director ejecutivo del Consorcio del Sur (CONSUR), en el mes de julio esta entidad entregará a una familia del barrio Indios en Guayanilla las llaves de una sofisticada casa sismo resistente, equipada con sistema de energía solar y cisterna de agua potable, que ha sido construida a un costo de $210 mil.
Sus residentes, damnificados del terremoto del 2020, serán los primeros de una lista de sobre 500 familias de Lajas, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce que en el curso de los próximos tres años regresarán a viviendas reparadas o reconstruidas totalmente, o serán reubicadas en otras seguras que serán adquiridas con vales de hasta $200 mil.
Ninguna de ellas pagará por las obras o compra de otra vivienda. En su lugar, serán los recipientes de una asignación congresional de $210 millones para la recuperación del desastre, delegada al Departamento de la Vivienda (DV) de Puerto Rico y que desde el 2023 administra mediante un modelo novel el consorcio municipal CONSUR.
“Esta iniciativa es una que nunca se había utilizado”, comentó Jirau Vélez. “De hecho, es la primera vez en Puerto Rico que se desarrolla un consorcio municipal para ser subrecipiente específico de fondos federales”.
“Incluso, en los Estados Unidos solamente había un modelo parecido, y no es igual”, subrayó.
Según abundó, tras la firma de un acuerdo de colaboración, el consorcio municipal logró que el gobierno federal y el DV delegaran a los seis municipios entre Lajas y Ponce el poder para administrar la multimillonaria ayuda federal, de forma más efectiva, rápida y coherente, sin el lastre de más agencias ni dilaciones burocráticas.
“Desde entonces, hemos demostrado que tenemos la capacidad”, puntualizó Jirau Vélez. “CONSUR es auditado, reauditado y monitoreado por agencias federales y locales, y para que tengas una idea, de haber una asignación futura de fondos, podríamos ir directamente al Congreso o a las agencias federales para presentar propuestas, sin tener que pasar necesariamente por el Estado”.
Primeros resultados
Tras salir a la calle en marzo de 2023 y comenzar a tramitar peticiones de ayuda en octubre de ese año, CONSUR recibió 844 solicitudes de asistencia para reparar o reconstruir igual número de viviendas.
En la mayoría de los casos, por tratarse de personas de edad adulta, sus seis coordinadores municipales incluso guiaron a los damnificados, paso a paso, en la radicación electrónica y recopilación de documentos indispensables para el proceso.
“Cosas tan sencillas como llenar un formulario, conseguir una declaratoria de herederos, una escritura, documentos del CRIM o una certificación de ASUME eran retos para ellos”, relató el director de CONSUR.
“Incluso, cosas tan básicas como no tener Internet o no saber manejar una computadora imposibilitaba que solicitaran la ayuda, pero nuestro personal los acompañó y guio hasta que esas solicitudes fueran procesadas”, agregó.
Esto, aclaró, ocurrió tanto como en el 90 por ciento de todas las peticiones radicadas.
“Nuestro propósito es llevar a ese ciudadano de la mano, desde el proceso de la solicitud hasta que entregamos la casa, la llave de una vivienda nueva, si es una reconstrucción o una vivienda que esté comprando en el mercado privado. Y eso es lo que nos hace únicos”, continuó.
Otro hito alcanzado por el consorcio municipal fue lograr que damnificados pudieran acceder a la ayuda financiera y estratégica del colectivo, aunque no contaran con un título de propiedad.
“Nosotros la titularidad la definimos más como la tenencia de una propiedad”, describió Jirau Vélez, “Por lo tanto, si podemos documentar que una familia estaba ocupando esa residencia al momento de los terremotos, la podemos hacer elegible al programa, aunque no tengan un título, ya sea porque el terreno le pertenece a una sucesión o es del Estado”.
De esta forma, hasta el mes de febrero de 2024 CONSUR recopiló una avalancha de peticiones de Guánica, el municipio con mayor número de solicitudes (235), seguido por residentes de Ponce (191), Yauco (154), Guayanilla (113), Peñuelas (76) y Lajas (75).
Al presente, tanto el equipo de asesores de CONSUR, como los alcaldes de los seis municipios que integran su junta de directores, han dado luz verde a la relocalización de 102 familias y la reconstrucción de 79 viviendas, once de las cuales ya están en curso.
“Cabe destacar que a través de un fondo separado de mitigación, todas estas propiedades van a tener placas solares y cisterna de agua potable”, apuntó el ejecutivo.
Como abundó, el resto de las peticiones que han demostrado ser elegibles para la asistencia del consorcio se encuentran en etapas previas, como inspecciones de campo y pre-award. No obstante, todas avanzan a ritmo acelerado para garantizar que antes de que concluya el 2025 lleguen a la meta de la aprobación.
Sobre todo, porque “a veces el costo de construcción es mayor de lo esperado y todos sabemos lo que está pasando en los Estados Unidos, donde el aumento en el costo de los materiales podría generar un alza en los costos de construcción y poner en juego cuántas familias podemos impactar”, observó.
