La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), revelando serias deficiencias en la aprobación de exoneraciones contributivas y en el proceso de tasaciones virtuales.
Se encontraron aprobaciones sin justificación, retrasos significativos en reclamaciones y discrepancias en los valores de las propiedades.
El informe de auditoría detalla que el 15 por ciento de las exoneraciones contributivas completas de propiedad residencial, registradas entre 2021 y 2022, se aprobaron sin la evidencia requerida. Esta situación afectó la transparencia y eficiencia del proceso, resultando en aprobaciones indebidas por $19,756 y cancelaciones de reclamaciones válidas por $41,115, al no contarse con la documentación necesaria en el sistema CRIM360.
Además, el 87 por ciento de estas aprobaciones y registros en el sistema CRIM360 fueron realizados por empleados con funciones distintas a las de sus puestos autorizados.
La auditoría también encontró múltiples problemas con las reclamaciones de tasación virtual. Por ejemplo, el 43 por ciento de las reclamaciones completadas en febrero de 2024 mostraron diferencias entre la valoración de la propiedad en el sistema CRIM360 y los valores de la aplicación Skala II. Esta aplicación, establecida en 2020, determina valores de tasación virtual para 756,450 propiedades inmuebles.
Estas discrepancias generan dudas sobre la fiabilidad de los datos en el sistema del CRIM y de las notificaciones de tasación virtual enviadas a los contribuyentes.
Otras deficiencias incluyen cambios de dirección postal en el sistema CRIM360. En el 78 por ciento de los casos, no se usó el formulario correspondiente y el 44 por ciento carecía de la factura de luz o agua del contribuyente. Estas fallas resultaron en que 78,952 facturas fueran devueltas por errores en la dirección postal en el año fiscal 2023, con un valor de $36.1 millones en el 53 por ciento de ellas, limitando el derecho de los contribuyentes a solicitar revisiones.
El CRIM tampoco cuenta con un proceso automatizado para verificar y validar la conciliación de los recaudos de contribución inmueble, lo que podría ocasionar errores e irregularidades en el flujo de efectivo. Además, el 74 por ciento de los usuarios tenían privilegios de acceso no necesarios para sus funciones y el 70 por ciento de las cuentas autorizadas no utilizaron el formulario requerido.
El informe, que abarca del 1 de septiembre de 2021 al 15 de febrero de 2024, recomienda al presidente de la Junta de Gobierno del CRIM que se asegure del cumplimiento de las recomendaciones para corregir estas situaciones. El presupuesto del CRIM aumentó de $30.7 millones en 2022 a $33 millones en 2024.
