Por años, la energía nuclear ha sido tema tabú en Puerto Rico. Las imágenes de Chernóbil y Fukushima aún persisten en la conciencia colectiva, pero también lo hace la urgencia de encontrar soluciones energéticas viables, confiables y asequibles.
Hoy, el debate vuelve a abrirse con fuerza, luego de que la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata, afirmara públicamente que Puerto Rico debe realizar un “análisis objetivo” sobre la posibilidad de integrar la energía nuclear a su matriz energética.
A su juicio, los avances tecnológicos, como los reactores modulares pequeños, hacen viable y segura esta alternativa.
Paradójicamente, esta apertura ocurre apenas tres meses después de que la gobernadora Jenniffer González Colón descartara tajantemente considerar la energía nuclear en su reforma energética, afirmando que “todas las fuentes estarán sobre la mesa, excepto la energía nuclear”.
Esta contradicción revela una desconexión preocupante entre la política pública y las decisiones técnicas, que merece la atención de todos los sectores.
Ahora bien, ¿tiene sentido siquiera considerar la energía nuclear en un territorio insular, tropical, vulnerable a huracanes y sismos como Puerto Rico?
Desde el punto de vista técnico, la energía nuclear moderna ofrece importantes ventajas. Es una fuente de alta densidad energética, capaz de producir grandes cantidades de electricidad, sin depender del sol o el viento. A diferencia de las fuentes renovables intermitentes, los reactores nucleares pueden funcionar de manera continua, lo que los convierte en fuentes ideales para suplir la demanda base del sistema eléctrico.
Además, como bien señaló Zapata, los reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) son más seguros, más eficientes y más rápidos de instalar que los reactores tradicionales. Países como Canadá, Francia, Estados Unidos y Japón ya han avanzado significativamente en el diseño y operación de estas nuevas tecnologías, que podrían ser una opción en lugares donde el terreno y la infraestructura son limitados.
Otro punto a su favor es que la energía nuclear, en su operación normal, no emite gases de efecto invernadero, lo que la convierte en una aliada potencial en la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, los argumentos en contra no son menores.
En primer lugar, Puerto Rico es una isla con alta densidad poblacional, limitada disponibilidad de terreno, riesgo sísmico comprobado y una infraestructura crítica vulnerable. En este contexto, un accidente, por improbable que sea, podría ser catastrófico e imposible de manejar localmente.
También está el eterno problema del manejo de los residuos nucleares, que permanecen peligrosos por miles de años. Aunque Zapata asegura que los nuevos diseños reducen el volumen de estos desechos, aún no existe una solución definitiva y segura para su disposición final.
En el aspecto económico, los costos iniciales de desarrollar una planta nuclear, incluso modular, son altos. Y aunque en teoría pueden bajar el costo de generación por kilovatio-hora una vez esté en operación, se necesitan años para alcanzar ese punto.
¿Puede Puerto Rico, en su actual situación fiscal y técnica, sostener un proyecto de tal magnitud y riesgo?
Más allá del debate técnico, preocupa el desfase entre lo que propone la AEE y lo que ha descartado la gobernadora. Si la mandataria afirmó públicamente que la energía nuclear no es una opción bajo su administración, ¿por qué ahora la jefa de la AEE plantea lo contrario? ¿Hay una línea política clara en materia energética o seguimos improvisando?
La transformación energética de Puerto Rico requiere seriedad, planificación estratégica y coherencia institucional. No puede depender de titulares ni de discursos aislados en foros o conferencias.
Entretanto, la ciudadanía merece saber cuáles son los escenarios reales que se contemplan, con qué datos se cuenta y bajo qué condiciones podrían evaluarse nuevas tecnologías como la nuclear.
Puerto Rico tiene el derecho y la obligación de explorar todas las alternativas que le ayuden a lograr un sistema eléctrico confiable, económico y sustentable. Pero abrirle la puerta a la energía nuclear sin una discusión amplia, transparente y científica solo alimenta la desconfianza.
Más que abrir o cerrar puertas, el país necesita una hoja de ruta clara, técnica y participativa. Si la energía nuclear se va a poner sobre la mesa, que sea con responsabilidad, con información veraz, con estudios rigurosos y, sobre todo, con la gente al centro de la ecuación.
El autor es expresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
