El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) denunció un conjunto de medidas legislativas y posturas gubernamentales que, según su análisis, buscan criminalizar, invisibilizar y discriminar a las comunidades LGBTTIQA+ y a otros sectores vulnerables en Puerto Rico.
Entre las iniciativas señaladas por CABE están la aprobación del Proyecto del Senado 1 (PS1), también conocido como el proyecto de libertad religiosa; el Proyecto del Senado 350, que propone criminalizar las terapias de afirmación de género; así como las expresiones recientes de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre la utilización de baños según identidad de género.
También cuestionaron la decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de eliminar el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad, y las gestiones de la senadora Joan Rodríguez Veve para que las agencias eliminen sus políticas de diversidad, equidad e inclusión.
“Las medidas aprobadas en el día de ayer […] constituyen un esfuerzo maquiavélico y concertado para eliminar los derechos y la mera existencia de los miembros de las comunidades LGBTTIAQ+ como parte de nuestra sociedad y no estamos dispuestos a permitirlo”, expresó el Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
Sobre el Proyecto del Senado 1, CABE denunció que se trata de una propuesta que otorga “licencia e inmunidad” para discriminar. “Tan peligroso y abiertamente discriminatorio es el denominado proyecto de libertad religiosa que permite la negación de servicios y exime de la obligación de actuar conforme a los cánones de sus correspondientes disciplinas […] cuando se escuden bajo el manto de la religión”, dijo Burgos Pérez. Añadió que el texto aprobado “eliminó expresamente la identidad de género como grupo protegido contra la discriminación”, lo que, a su juicio, agrava aún más el impacto del proyecto.
La organización también expresó su rechazo a cualquier intento de limitar los derechos de las personas trans. CABE reiteró que la criminalización de los procesos de afirmación de género atenta contra la dignidad y la vida de estas personas.
Desde otra perspectiva, la doctora Ángeles Acosta Rodríguez, también portavoz de CABE, subrayó que las políticas de diversidad, equidad e inclusión van más allá de los derechos de la comunidad LGBTTIQA+. “Estas políticas en Puerto Rico están fundamentadas en los principios recogidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que esta senadora y los jefes de agencia están llamados a proteger”, expresó.
Criticó además la gestión de Rodríguez Veve al exigir al Departamento de Salud que elimine dichas políticas. “No es más que un intento burdo de intimidar a los funcionarios públicos […] en su afán de limitar derechos a nuestras comunidades”, indicó.
Burgos Pérez, por su parte, cuestionó lo que calificó como una obsesión con restringir los derechos de sectores diversos. “Esta obsesión patológica y freudiana de la senadora Rodríguez Veve […] no tiene otro fin que adelantar sus intereses particulares de mantenerse en un puesto a costa de la limitación de los derechos de las comunidades”, afirmó.
Finalmente, la profesora Janice Solivan, también portavoz de CABE, recordó que “nuestra constitución protege derechos que son mucho más amplios que los reconocidos a nivel federal tales como la dignidad humana, el derecho a la intimidad y la protección contra el discrimen, base fundamental para las políticas de diversidad, equidad e inclusión en nuestro archipiélago”.
CABE llamó a los funcionarios electos a cumplir su deber de proteger los derechos civiles, humanos y constitucionales de toda la población, y a no dejarse influenciar por agendas políticas que buscan restringir derechos utilizando como excusa órdenes ejecutivas del gobierno federal.
