Las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal para pagar a acreedores de la deuda gubernamental y su efecto cascada sobre las necesidades de la población puertorriqueña no solo empeorarán en los próximos años, sino que perdurarán por tiempo indefinido, sentenció este jueves el abogado especializado en la Ley Promesa, Rolando Emmanuelli Jiménez.
“Ellos (la Junta) no se van a ir. Vamos a tener que sacarlos”, reiteró a La Perla del Sur.
Según advirtió, los siete miembros nombrados por presidentes estadounidenses de turno seguirán controlando las finanzas gubernamentales del país “mucho más allá del 2030”, como proyectó hoy la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público,
porque las condiciones impuestas por la ley federal Promesa son inalcanzables a corto y mediano plazo.
“Para empezar, de los cuatro presupuestos balanceados consecutivos no se ha cumplido todavía ni el primero. Y esto no solo aplica al gobierno central”, señaló.
“(Robert) Mujica, el director ejecutivo, anticipó que esa definición podría aplicar también a la Autoridad de Energía Eléctrica y, a estas alturas, la Autoridad ni siquiera ha ajustado su deuda”.
“Pero el detalle es que eso no es lo único”, continuó. “La ley también exige acceso a los mercados a costos razonables y Puerto Rico ni siquiera tiene el aval de las casas acreditadoras que son indispensables para que un inversionista razonable decida comprar un bono de Puerto Rico”.
“Solamente un loco compraría un bono de Puerto Rico sin una recomendación favorable de una casa acreditadora. Y eso, ¿cuándo va a ocurrir? ¡No lo sabemos!”, subrayó.
A estas condiciones, Emmanuelli Jiménez agregó otra que, a su juicio, sigue siendo subestimada o ignorada.
“Y es que la Ley Promesa establece que la Junta es la única representante exclusiva de los casos de la quiebra, y los casos no solamente involucran la confirmación del plan del gobierno central. También los pormenores de su administración, lo que incluye hacer los desembolsos a los acreedores”.
“En el caso de Puerto Rico, no se ha desembolsado ni un solo centavo a los acreedores no asegurados, que son miles, y mientras eso no se cuadre, la Junta tiene que estar aquí”.
Como ejemplo, Emmanuelli Jiménez apuntó al plan de ajuste de la deuda por la quiebra de Detroit, “que comparada con la de Puerto Rico es una deuda minúscula de $18 mil millones, versus las nuestra que es de más de $150 mil millones”.
“Ese plan”, recordó, “se confirmó en el 2014 y todavía el caso sigue abierto en Detroit, así que ese problema lo vamos a tener aquí. Van a pasar los años y todavía la Junta va a estar bregando con los desembolsos a los acreedores no asegurados en el caso del gobierno central y, en el caso de la Autoridad, olvídate de eso”.
Todo esto, recalcó, con el agravante de que, tanto el presupuesto anual de la Junta, como sus gastos para consultores y honorarios, son pagados con fondos del erario puertorriqueño.
“La última cifra apunta a que ya hemos desembolsado sobre $1,200 millones, a pesar de que el Government Accountability Office del Congreso dijo que en los primeros cinco años Promesa iba a costar $300 millones”, expresó.
“Sencillamente, no tenemos luz al final del túnel”, sentenció. “Por eso es que, como ya he dicho, a la Junta hay que sacarla. La situación colonial es insostenible”.
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