José Cora Collazo, líder comunitario de Ranchos Guayama, pidió a la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, que le ordene a la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) restaurar el terreno en el que pretendía construir un campo de tiro.
Cora Collazo dijo que esta sería la manera en que la ejecutiva municipal podría demostrar que no favorece el proyecto.
Sus expresiones ocurrieron en reacción a la entrevista publicada por La Perla del Sur, en la cual Bonilla Colón estipuló que su administración no endosó el controvertible campo de tiro.
“Aunque la alcaldesa afirmó que el municipio no endosa el campo de tiro, esa postura la asumió después de que la comunidad protestara frente a la alcaldía y lleváramos con firmeza nuestro reclamo a una sesión de la Legislatura Municipal de Salinas”, señaló Cora Collazo, quien también es candidato a pertenecer a ese cuerpo en representación del Partido Independentista Puertorriqueño.
“El municipio estaba al tanto de la situación, ya que la primera maquinaria utilizada en el lugar era maquinaria del municipio. Además, el proponente del proyecto, Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA, se jactaba diciendo que la alcaldesa de Salinas y el alcalde de Guayama apoyaban su proyecto”, agregó el líder comunitario en declaraciones escritas.
En una entrevista enmarcada en su aspiración a un cuarto cuatrienio bajo la insignia del Partido Popular Democrático, Bonilla Colón dijo a este medio que “actualmente, no hay ningún proceso de permiso que el municipio haya tenido que comentar por el momento y tampoco hay un permiso de construcción aprobado. Incluso, la Oficina de Permisos dio un cese y desista sobre unas obras que se estaban realizando allí”.
Sobre el particular, Cora Collazo dijo que la querella presentada por la comunidad no se ha resuelto.
“Si bien es cierto que la Oficina de Permisos emitió una orden de cese y desista, y envió una carta revocando el endoso del proyecto a petición de los residentes de Ranchos Guayama representados por Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), la querella lleva tres años en la Oficina de Permisos sin resolverse”, indicó Cora Collazo.
“La alcaldesa y el director de Permisos en Salinas, José Collazo Machado, alegan que no tienen jurisdicción, lo cual es falso. La Ley 161 sobre los Procesos de Permisos, en su Artículo 14.1, otorga al municipio la facultad para actuar contra violaciones de construcciones sin autorización o violaciones de permisos otorgados por OGPe, como el permiso de limpieza de corteza terrestre que Ariel Torres violó”, planteó. “Si la alcaldesa realmente no apoya el campo de tiro, debería solicitar la imposición de multas y exigir la restauración de los terrenos”.
Un informe suscrito el 8 de septiembre de 2021por el biólogo forestal Enrique Santiago Irizarry, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, establece que se pudo constatar “varias violaciones” en las condiciones especiales del Permiso Simple para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre (2021-382049-DEC-096235), otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a CODEPOLA.
El documento señala que Torres impactó 18,360 metros cuadrados de terreno en exceso de lo permitido (20,400.0 vs. 2,040.0). De igual forma, extrajo 1,833.0 metros cúbicos de suelo por encima de lo autorizado (2,040 vs. 207).
El biólogo Santiago Irizarry añadió que CODEPOLA hizo un “raspado profundo” en el terreno, a pesar de que el permiso otorgado solo permitía cuatro pulgadas para la limpieza de material vegetativo.
La controversia alrededor de la construcción del campo de tiro trascendió a la opinión pública luego de que la Guardia Nacional de Puerto Rico enterrara gomas usadas en ese predio, de manera ilegal, en septiembre de 2021.
El suceso fue denunciado por la comunidad y la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón.
