El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, se expresó hoy convencido de que los cargos que presentarán en su contra dos fiscales especiales independientes, por presuntas irregularidades en su campaña política de 2020, no prosperarán en el tribunal.
“La trayectoria de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ha demostrado que la mayoría de los casos no prosperan cuando llegan al tribunal y el caso en mi contra no será la excepción porque el fin es afectar mi futuro político”, manifestó el ejecutivo municipal en declaraciones escritas.
Los fiscales especiales independientes Manuel Núñez Corrada y Zulma I. Fúster Troche presentarán la acusación el martes, 31 octubre a las 10:00 de la mañana en el Centro Judicial de Ponce. Ese día se conocerán los cargos.
“Mis abogados se encargarán de demostrar que esta investigación está motivada políticamente y basada en testimonios falsos, provenientes de personas que trabajaron para mi administración y que removí de sus puestos, por haber cometido irregularidades”, señaló.
Irizarry Pabón hizo referencia a Luis Báez Rodríguez y Oscar Iván Nazario Segarra, quienes fungieron como recaudador y recaudador alterno de su campaña, y que una vez se convirtió en alcalde los nombró jefe de gabinete y director del Departamento de Infraestructura, Ambiente y Transportación, respectivamente.
“Es lamentable que la OPFEI utilice fondos públicos para desarrollar una investigación que no es más que una agenda en mi contra, por haber despedido a los que le fallaron a mi confianza y a la del pueblo ponceño”, agregó el alcalde.
El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que dio paso al referido al PFEI, detalla que Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 y 251 del Código Penal; los artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el artículo 13.005 de la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a la contralora Yesmín M. Valdivieso, que a su vez fue referida al Departamento de Justicia. En dicha comunicación se alegó que el alcalde ponceño les había solicitado a dos funcionarios municipales que recogiera aportaciones monetarias entre varios empleados de confianza.
El dinero se usaría para pagar un préstamo personal que tomó Irizarry Pabón para pagar, parcialmente, los gastos de su campaña electoral a la alcaldía de Ponce.
Por estos hechos, la Oficina del Contralor Electoral le impuso a Irizarry Pabón y a la tesorera de su comité de campaña, Damaris Suliveres, multas y penalidades ascendentes a $159,944.24 por presuntamente violar la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas.
