Después de $400 mil invertidos en estudios de oleaje, de flora y fauna, de ingeniería estructural y diseño, el proyecto que más reclaman residentes y comerciantes del centro urbano de Guánica encalló inesperadamente este lunes en una barrera que paralizará indefinidamente su inicio.
Como confirmó el alcalde Ismael Rodríguez Ramos, la “inusitada” objeción de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por siglas en inglés) a que se intervenga con el sedimento submarino de la bahía y los predios del Malecón de Guánica imposibilitará que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos otorgue el permiso final necesario para la reconstrucción de este paseo costero.
“Esto es frustrante e indignante”, sentenció Rodríguez Ramos a La Perla del Sur.
La rehabilitación del malecón, su principal propuesta para reanimar el comercio, turismo y valor de propiedades en la zona, lleva 36 meses de trámites burocráticos entre agencias locales y federales, desde que en junio del 2022 el programa City Revitalization aprobó $4.5 millones para la obra.
Los fondos posibilitaron que la firma TRG Arquitects rediseñara el destino costero, al igual que se contrataran peritos y empresas especializadas en estudios ambientales y estructurales, requeridos por los gobiernos de Puerto Rico y los Estados Unidos.
Sin embargo, no fue hasta este lunes que la EPA levantó bandera sobre el proyecto, mediante una carta firmada por la directora de la División Caribe, Carmen Guerrero Pérez, en la que asevera que las obras requeridas para la rehabilitación del Malecón podrían “agravar y extender” el daño de una sustancia identificada en la bahía, con potencial cancerígeno.
En específico, bifenilos policlorados o PCBs por sus siglas en inglés, un químico que durante el pasado siglo se empleó en la extinta fábrica Ochoa Fertilizer Corp y que por escorrentías se desplazó hasta la bahía, como detectó en el año 1998 la Junta de Calidad Ambiental y confirmaron luego la Oficina Nacional de Administración Oceánica y la Universidad de Miami.
No obstante, no fue hasta el año 2018 que la EPA procedió a tomar muestras en las que detectó niveles elevados de PCBs, al igual que de plomo, talio, mercurio y vanadio, tanto en terrenos de la fábrica como en el fondo de la bahía.
Asimismo, no fue hasta el 2022 que la EPA agregó la zona a su Lista Nacional de Prioridades del Superfondo, para explorar, identificar, ejecutar y financiar posibles remedios.
Desde entonces, Guánica Caribe, la empresa propietaria del lote que ocupó Ochoa Fertilizer, ha removido de terrenos y 19 propiedades residenciales cercanas 8,598 toneladas de suelos contaminados con PCBs, pero la EPA aún no ha iniciado un estudio sobre la contaminación de ese tóxico en la bahía.
Como remedio, Guerrero Pérez propone al alcalde que “sea proactivo” y solicite lo antes posible una extensión para la fecha límite del uso de los fondos de City Revitalization “más allá del 2027”, lo que “podría” dar a la agencia el tiempo necesario para completar su investigación.
Este trámite, sin embargo, no significa que eventualmente la agencia dé su endoso para las obras de reconstrucción del Malecón.
“Aquí nadie, absolutamente nadie, puede decir que el municipio no ha sido diligente, porque nosotros sí hemos cumplido con todos los requisitos y términos que nos han impuesto”, ripostó Rodríguez Ramos, “pero en esa carta lo que la EPA nos dice ahora es que ellos van a realizar unos estudios y que los van a hacer a su paso, sin fecha, que lo mismo acaban mañana que de aquí a diez años, y eso es inadmisible”.
“Porque esto no es un capricho del alcalde”, continuó. “Aquí hay un problema de seguridad que atenta continuamente contra los residentes y visitantes. Allí hay varillas expuestas, porciones de cemento a punto de desprenderse y la amenaza a la ciudadanía es real”.
“Es bien fácil, desde una oficina, decidir aguantar el proyecto por los años que sea, mientras la gente está en riesgo y mientras a mí me toca atender querellas y pagar seguros”, agregó airado. “Y, peor aún, mientras ellos han incumplido durante tantos años con su responsabilidad de proteger a la ciudadanía y mitigar el impacto de la contaminación”.
Estrecho margen
Otra posibilidad, plantea Guerrero Pérez en su misiva, es modificar la huella y alcance del proyecto, de forma que no interfiera con la amplia zona territorial del Superfondo, pero esta posibilidad, a juicio del alcalde, no solo abre la puerta a reconceptualizar diseños y más gastos, sino al riesgo de que “al final, la EPA tampoco lo apruebe”.
“Yo insisto y lo repito”, puntualizó Rodríguez Ramos. “Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar y adaptarnos a los cambios que desde el 2022 nos han reclamado, pero todo lo que ahora reclama la EPA es contrario al acuerdo que habíamos logrado con ellos hace solo un mes”.
“Y esto es frustrante”, reiteró. “Si ellos creen que el proyecto no debe seguir adelante, entonces que sean ellos quienes se lo comuniquen al pueblo”, sentenció.
Como último remedio, Rodríguez Ramos aseguró que pedirá a la gobernadora Jenniffer González y al comisionado residente Pablo José Hernández su intervención, con la esperanza de que en conjunto identifiquen una ruta que termine el tranque y viabilice la reconstrucción del Malecón.
Vídeo: Malecón de Guánica
O sea, ¿el alcalde en cuestión no tenía conocimiento del desarrollo de químicos que culminan en carcinógenos en el área…?