Varias organizaciones sociales reclamaron al Gobierno de Puerto Rico la revisión inmediata de la Ley de Armas, al señalar que la flexibilización aprobada desde 2020 ha agravado la crisis de violencia en el país y ha puesto en mayor riesgo a mujeres y comunidades vulnerables.
El Frente Amplio de Acción Social, junto a entidades como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Coordinadora Paz para las Mujeres y el Observatorio de Equidad de Género, denunció que el aumento en el acceso a armas legales coincide con un repunte en hechos violentos y feminicidios íntimos cometidos con armas de fuego.
Según datos del Instituto de Estadísticas, entre 2000 y 2020 el 87.6 por ciento de los homicidios en la isla fueron cometidos con armas de fuego. De igual manera, organizaciones especializadas afirman que, tras la flexibilización legislativa, los feminicidios íntimos perpetrados con armas legales pasaron de 47 por ciento en 2019 a 75 por ciento en 2024. En 2025, todas las víctimas de feminicidio íntimo registradas hasta la fecha murieron por disparos.
Las entidades criticaron la falta de acciones del Estado para enfrentar esta realidad, así como el mensaje público que ―a su juicio― promueve la proliferación de armas. Además, cuestionaron expresiones de la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, quien rechazó la regulación adicional del acceso a armas, postura que las organizaciones consideran contradictoria frente a la evidencia disponible.
El grupo también alertó sobre los efectos de la Orden Ejecutiva 46-2025, mediante la cual la gobernadora Jenniffer González Colón extendió la validez de licencias otorgadas en 2020, aún cuando el sistema de verificación criminal enfrenta fallas de conexión con una base de datos del FBI. Según las organizaciones, esta situación impide corroborar adecuadamente los antecedentes de solicitantes.
A esta falta de control se suma la ausencia de datos oficiales recientes sobre la cantidad de armas legales en el país. Se estima que entre 160 mil y 250 mil personas poseen licencias de armas, en un escenario donde, según informes no oficiales, el 95 por ciento de los crímenes con armas involucran armas ilegales.
Las organizaciones resaltaron que la violencia armada tiene efectos profundos en familias y comunidades. Entre 2019 y agosto de 2025, al menos 156 menores quedaron huérfanos por feminicidios, sin que exista, señalaron, un plan de reparación ni protocolos especializados para atender a esta población.
El grupo urgió a que la Legislatura y el Ejecutivo revisen la Ley de Armas y establezcan controles más estrictos sobre la expedición y renovación de licencias. También pidieron la creación de un plan interagencial y multisectorial para prevenir violencias de género, protocolos de reparación para menores afectados y campañas de educación que fomenten la resolución pacífica de conflictos.
Las organizaciones enfatizaron que enfrentar esta crisis requiere tanto acciones gubernamentales como la participación de la ciudadanía para construir entornos seguros y rechazar la normalización de la violencia armada.
Apoyaron este reclamo: el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Coordinadora Paz para las Mujeres, Frente Amplio de Acción Social, Observatorio de Equidad de Género y la Red Nacional de Albergues y Violencia Doméstica.
En el reportaje no mencionan lo más importante; la salud mental del pueblo. Es absurdo que enmendando leyes se resuelva el problema, las armas de fuego son o equivalen a instrumentos