El Departamento de Justicia recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al alcalde de Río Grande, Ángel B. González Damudt, y al exdirector de Finanzas municipal, Luis Pagán Padró, por irregularidades en el alquiler de vehículos de motor.
La investigación preliminar se inició con un referido de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, en contra del alcalde tras los hallazgos de una auditoría que se realizó en el municipio, relativos al alquiler de vehículos a Allied Car & Truck Rental, Inc. (Allied), desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020.
En síntesis, la Contralora concluyó que el municipio se apartó de las normas legales relacionadas con las compras y el desembolso de fondos públicos; consecuentemente, hubo el desembolso ilegal de fondos públicos. Se le imputó responsabilidad al alcalde y a otros funcionarios involucrados en el proceso, por la corrección y exactitud en los desembolsos del erario.
Por tratarse de un alcalde, la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) efectuó la investigación preliminar correspondiente. Entre los hallazgos medulares de la pesquisa se desprende que, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020 el municipio alquiló vehículos de motor a Allied y desembolsó fondos por ese concepto, a favor del arrendador y sin la existencia de un contrato válido.
También, en ese periodo se celebró solamente la Subasta (Núm. 2017-11 – Serie: 2016-2017), sobre alquiler de equipo liviano, en la que el único licitador fue Allied.
A esta empresa, la Junta de Subastas no le adjudicó la buena pro, porque su propuesta económica no cumplía con las expectativas del municipio. A pesar de lo anterior, el municipio continuó alquilando los vehículos a Allied y pagando las facturas en las que, periódicamente, se reflejaba un aumento en el costo del alquiler por unidad, lo que representó más de la cantidad de dinero presentada en la propuesta en el proceso de subasta.
En ese periodo, el municipio también hizo pagos duplicados a Allied. La evidencia obtenida por la DIPAC establece que la conducta del alcalde y del exdirector de Finanzas causó la pérdida de fondos públicos en el municipio, ascendentes a más de $423 mil, aproximadamente.
Finalizada la investigación preliminar, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde y el exdirector de Finanzas del municipio cometieron los delitos de incumplimiento del deber (artículo 262) y malversación de fondos públicos (artículo 264), tipificados en el Código Penal de Puerto Rico. A su vez, recomendó que se designe un FEI, tanto al alcalde como a Pagán Padró, por los hechos investigados.
El secretario de Justicia Domingo Emanuelli acogió la recomendación de la DIPAC y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente.
Debido a que la investigación se encuentra ahora ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso.
