El Tribunal de Apelaciones desestimó el martes, una solicitud del Fiscal Especial Independiente (FEI) para que se revocara la determinación de No Causa Probable en Alzada, emitida por el juez Rafael Taboas el pasado 22 de diciembre de 2023 en el caso contra la representante Mariana Nogales Molinelli.
El Juez de Tribunal de San Juan, Rafael Taboas, había confirmado la determinación previa de No Causa Probable para arresto en 47 de los 49 cargos presentados por el FEI en contra de la Representante Mariana Nogales, su madre y una corporación perteneciente a su madre. Esto luego de escuchar toda la prueba presentada por el FEI por segunda ocasión.
No conforme con dicha determinación, el día 21 de enero de 2023 el FEI recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando, por tercera ocasión, que se determinara causa probable para el arresto de la Representante Mariana y su madre, pero el Tribunal de Apelaciones rechazó de plano la solicitud de FEI.
“La actitud del FEI de intentar, por tercera ocasión, que se diera paso a los cargos que fueron desestimados en dos ocasiones anteriores por dos jueces que escucharon y analizaron toda la evidencia es desacertada. Esto demuestra la desesperación que tiene el FEI por lograr, a toda costa, una acusación en contra de la Representante Nogales sin contar con evidencia alguna que lo sostenga. Como es algo que no tiene justificación alguna en la ley y el derecho, el Tribunal de Apelaciones correctamente desestimó el asunto de inmediato”, expresó José Andréu Fuentes, abogado de la representante Nogales Molinelli en declaraciones escritas.
Por su parte, el abogado de la madre de la representante Nogales Molinelli, Ricardo Prieto García, expresó que “esa oficina del FEI debe revelar públicamente cuanto ha gastado en fondos públicos para seguir empujando una situación que a todas luces es improcedente en derecho y que no tiene paralelo en la historia jurídica del país. El FEI, después de agotar sus dos turnos al bate, intenta tener un tercer turno, a pesar de que cualquier abogado conoce que eso es totalmente improcedente en estas circunstancias. La pregunta obligada es ¿quién fiscaliza que esta oficina (para que) no siga malversando indebidamente el dinero del pueblo de Puerto Rico?”.
