El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, certificó este viernes que la Ley 83-2025, que devuelve a la Policía de Puerto Rico su autonomía administrativa y fiscal, no tendrá un impacto fiscal adverso para el presupuesto del Gobierno.
“El análisis demuestra que la propia ley establece mecanismos de transición ordenados y previsiones presupuestarias que permiten su implantación sin aumentar los costos al erario”, indicó Rivera Berríos en declaraciones escritas.
“Esto asegura que la nueva estructura operativa de la Policía se implemente con transparencia, eficiencia y sin comprometer la estabilidad fiscal del Gobierno”, agregó.
Según explicó, la Policía operará durante el año fiscal 2025-2026 con los fondos originalmente asignados al entonces Negociado bajo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), incluyendo la transferencia de empleados, equipos y propiedades.
Rivera Berríos sostuvo que el análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que estimaba un posible costo de $45 millones, partió de una premisa incorrecta, ya que los presupuestos del DSP y de la Policía siempre se han manejado de forma independiente.
Con la entrada en vigor de la Ley 83-2025, la Policía contará con un superintendente con autoridad plena para dirigir funciones de prevención, investigación y control del crimen.
Según la OGP, este cambio fortalecerá la capacidad operativa y estratégica de la institución sin afectar los recursos fiscales.
