El juez Daniel López González declaró “no ha lugar” la petición de reconsideración del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, para que la vista preliminar en su contra fuera trasladada a otro tribunal.
De este modo, se espera que la defensa del imputado recurra la determinación en el Tribunal de Apelaciones, según había adelantado el licenciado José Andreu Fuentes.
La vista preliminar está pautada para el 14 y 15 de marzo, desde las 9:00 de la mañana, en la sala 405 del Tribunal de Ponce.
“[…]luego de ponderar los reclamos expuestos tanto en las mociones de reconsideración radicadas por la defensa como en la moción de oposición radicada por el FEI, y por los fundamentos antes expuestos, somos del criterio que siendo la vista preliminar una vista investigativa judicial de origen estatutario adoptada para llenar ciertas necesidades de nuestro sistema penal, no vemos razón alguna por la cual se deba trasladar la celebración de esta vista preliminar a otra región judicial, siendo el único requerimiento amparado en el debido procedimiento de ley bajo los hechos del caso de autos el que la vista preliminar la presida un juez que ejerza sus buenos oficios de forma justa, imparcial, libre de prejuicios y parcialidad”, estableció el juez López González en su resolución emitida el 8 de febrero.
El juez López González, quien pertenece a la región judicial de Caguas, fue designado por el director administrativo de los tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, a presidir el proceso. Esto, luego de que la defensa de Irizarry Pabón pidiera la inhibición del juez Rubén Serrano Santiago y el cambio de jurisdicción por una misma razón.
Los licenciados Andreu Fuentes y Ricardo Prieto García plantearon que Irizarry Pabón había tenido una relación de negocios con un hermano de la jueza Luz Dalisa Fraticelli Alvarado, quien es esposa del juez Serrano Santiago, por ambos supuestamente pertenecer a la junta directiva de Ponce Advance Medical Group.
También señalaron que el abogado Pablo Colón Santiago, precandidato a alcalde de Ponce por el Partido Nuevo Progresista y, por ende, rival político del acusado, había recomendado a la jueza Fraticelli Alvarado para un ascenso, lo que podría arrojar sombras sobre la imparcialidad del juez Serrano Santiago.
El juez Serrano Santiago rechazó ambos planteamientos y negó que Colón Santiago tuviera tanto poder como para influenciar las decisiones de los jueces del Tribunal de Ponce, mas dijo que “para evitar más dilaciones y complicaciones innecesarias en este caso, preferimos inhibirnos motu proprio”.
Luego de la inhibición de Serrano Santiago, la vista se le asignó a la jueza Lizandra M. Avilés Mendoza. Esta también se inhibió porque su esposo, el abogado y exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, es asesor de la alcaldía de Ponce desde septiembre del año pasado.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acusó a Irizarry Pabón de dos cargos por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental (usar las facultades de su cargo para recibir un beneficio no permitido por ley) y dos cargos de enriquecimiento injustificado del Código Penal. Este último implica que el funcionario enriqueció su patrimonio o el de un tercero con dinero o bienes, o mediante la cancelación de obligaciones que lo afectaban.
Las fiscales especiales independientes Zulma I. Fúster Troche e Ileana Agudo Calderón representan al PFEI en este caso. Su teoría es que Irizarry Pabón abusó de su poder como alcalde para exigirles a sus subalternos que aportaran dinero para el repago de un préstamo de $50 mil que tomó con el Banco Popular, de los cuales destinó $30 mil a la campaña.
A tales fines, supuestamente, recogió dinero entre los directores de dependencias municipales y empleados de confianza. Según las fiscales, lo hizo bajo amenaza.
