La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) y el Departamento de Justicia de Puerto Rico formalizaron una enmienda a su acuerdo de colaboración con el objetivo de continuar reforzando el procesamiento de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas.
Con la enmienda, correspondiente al año fiscal federal 2024-2025, el presupuesto total del acuerdo asciende a $1,964,666, tras una asignación adicional reciente de $172,381 proveniente de fondos federales.
El director ejecutivo de la CST, José González Mercado, y la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, firmaron el documento destacando la relevancia de esta alianza interagencial para proteger la vida y seguridad de los ciudadanos en las vías públicas.
“Este acuerdo consolida nuestro compromiso con erradicar la conducta irresponsable de conducir bajo los efectos del alcohol. Gracias a esta asignación de fondos, podremos seguir fortaleciendo los procesos judiciales y asegurar que quienes violen la ley enfrenten las consecuencias correspondientes”, expresó González Mercado.
Por su parte, la secretaria Gómez Torres señaló que estos recursos adicionales son cruciales para “reforzar las iniciativas del Departamento de Justicia enfocadas en la prosecución rigurosa de estos casos, en cumplimiento con las leyes estatales y regulaciones federales”.
El acuerdo permite a la CST transferir fondos al Departamento de Justicia para la contratación de fiscales especiales y personal de apoyo legal dedicados exclusivamente a atender delitos de tránsito relacionados con el manejo en estado de embriaguez. También contempla la coordinación de esfuerzos conjuntos, incluyendo el intercambio de datos, adiestramientos especializados y campañas educativas para prevenir estos delitos y mejorar la eficacia del procesamiento en los tribunales.
La iniciativa es financiada mediante fondos federales de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), destinados específicamente a reducir la incidencia de conductores ebrios y fortalecer la aplicación de las leyes de tránsito.
Ambas agencias se comprometieron a continuar colaborando estrechamente para ejecutar las iniciativas establecidas en este acuerdo, con el propósito de promover la seguridad vial y salvar vidas en Puerto Rico.
