Un gran jurado federal emitió una acusación formal contra ocho personas por conspirar para distribuir más de 500 gramos de cocaína, y contra cinco de ellos por el secuestro de dos personas, en un caso vinculado al narcotráfico en Puerto Rico.
Los acusados fueron identificados como Bryan Martínez-Albizu, Santiago Nieves-Hernández, Yoel Gómez-Gómez y cinco individuos adicionales aún sin identificar, que figuran en la acusación como FNU/LNU, incluyendo los alias Richard y Rochi.
Según la fiscalía federal, los hechos ocurrieron entre el 20 y el 24 de mayo de 2025. Durante ese periodo, los imputados habrían conspirado para poseer y distribuir cocaína. El 21 de mayo, cinco de ellos presuntamente secuestraron a dos víctimas, identificadas por sus iniciales S.N.H. y Y.G.G., con el fin de exigir rescate. Para cometer el crimen, utilizaron vehículos Toyota RAV4 y Nissan SUV, además de teléfonos celulares.
“Lo que comenzó como un negocio fallido de drogas terminó en un secuestro brutal. Este caso demuestra cuán lejos puede llegar la violencia dentro de estas redes criminales”, expresó Devin Kowalski, agente especial a cargo del FBI en San Juan. “Si crees que puedes aterrorizar nuestras comunidades o evadir la justicia, estás equivocado. El FBI te va a encontrar”.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow destacó que los acusados enfrentarán la justicia gracias al esfuerzo coordinado de fiscales y agentes federales y estatales. “No hay espacio en una sociedad civilizada para este tipo de actos violentos. Este caso será procesado con todo el peso de la ley”, afirmó.
La investigación está a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), con colaboración del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El caso será procesado por el fiscal federal auxiliar Julian Radzinschi, de la Unidad de Crímenes Violentos.
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan una pena mínima de cinco años y hasta 40 años de prisión por el cargo de conspiración para distribuir drogas. Los imputados por secuestro podrían ser sentenciados a cadena perpetua.
Las autoridades recordaron que una acusación formal es solo una alegación y que todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en el tribunal.
