El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) excarceló al sumariado Raúl Antonio Rosado Alvarado, a pesar de que las autoridades federales lo requerían para su procesamiento en esa esfera.
Según el DCR, Rosado Alvarado ingresó al Centro de Ingresos Diagnóstico y Clasificación Bayamón 705 el 9 de abril de 2024, luego de ser acusado de daño agravado y violación del Artículo 3.1 de la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
El hombre no prestó la fianza de $100,000 que se le impuso, por hechos ocurrido en Vega Baja el 7 de marzo de este año.
Posteriormente, el 2 de mayo, fue trasladado a la institución Anexo 728 Sabana Hoyos en Arecibo.
Según la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, Rosado Alvarado fue liberado luego de que se le desestimaron los cargos por haber estado detenido 30 días sin que se le celebrara la vista preliminar.
“El 9 de mayo de 2024 fue excarcelado por orden del Tribunal Superior Sala de Bayamón bajo la Regla 64 (N) 5 de Procedimiento Criminal, por los delitos mencionados”, indicó la funcionaria mediante comunicado de prensa.
Escobar Pabón aseguró que “al momento de excarcelar al confinado, en su expediente criminal no constaba ningún ‘detainer’ ni referencia al mismo” y que se le notificó a la víctima, vía telefónica, sobre la excarcelación del hombre.
Este caso fue denunciado por el exsenador Carlos Díaz Sánchez, quien señaló que ayer, jueves, 16 de mayo, el DCR recibió la orden de retención para la transferencia de jurisdicción contra Rosado Alvarado por parte de la Oficina de los Alguaciles Federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, al llegar a media mañana a la cárcel, los federales se encontraron con que Rosado Alvarado ya había sido liberado por autorización del superintendente de la institución, Samuel Arroyo.
Las autoridades federales y estatales procedieron a iniciar la búsqueda del hombre. Según Escobar Pabón, “el confinado fue arrestado hoy por US Marshals”.
“Se inició un proceso de investigación sobre el particular a través de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional para la aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes conforme lo establece el Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los empleados involucrados en este proceso”, manifestó la jefa del DCR.
Este suceso ocurre en medio de la investigación que realiza el DCR, el Departamento de Justicia y la Legislatura de Puerto Rico, sobre el caso del convicto Hermes Ávila, quien fue excarcelado al amparo de la Ley 25 por paraplejía y presuntamente cometió un feminicidio en Manatí.
La empresa Physician Correcctional, contratada por el DCR, admitió ayer que su panel médico no evaluó físicamente al reo para confirmar el diagnóstico de paraplejía emitido por un médico generalista.
Mientras, Celia Cosme, la empleada del CDR que firmó el documento de excarcelación de Ávila, se amparó ayer en su derecho a no auto incriminarse durante una vista pública senatorial. La mujer compareció hoy a Justicia para ser entrevistada.
