Las autoridades realizaron intervenciones en talleres de mecánica, hojalatería y depósitos de chatarra clandestinos en los pueblos de Utuado y Adjuntas.
Durante las inspecciones se detectaron violaciones a la Ley 125 (Depósito de Chatarra), Ley 40 (Ejercicio no autorizado de la profesión de mecánico automotriz) y al Artículo 4.08 de la Ley 22 de Tránsito y Vehículos de Puerto Rico por no mantener el registro requerido.
Como parte de las acciones, la Junta de Planificación expidió una orden de cese y desista con una multa administrativa de $1,000 y varias personas fueron citadas para comparecer ante el Tribunal de Utuado para responder por las violaciones detectadas.
Este plan fue ejecutado por el Agente Guillermo Romero Gabriel y supervisado por el Sargento Christopher Atiles Cruz de la División de Vehículos Hurtados del Área de Utuado, en unión a la Junta de Planificación, dirigida por el teniente Carlos Román Vega.
