Por su participación en un esquema de fraude para obtener beneficios de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA), un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió 32 acusaciones separadas contra 32 personas.
Mediante solicitudes fraudulentas, los imputados se apropiaron colectivamente de $981 mil, según informó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
Los acusados supuestamente presentaron dichas solicitudes al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para recibir beneficios de desempleo que incluían fondos de PUA, utilizando números de seguro social falsos.
Los beneficios fueron enviados a través del Servicio Postal de los Estados Unidos en forma de cheques que los imputados no estaban autorizados a recibir.
Entre los acusados se encuentran Alexander Hernández Casanova ($21,576), Héctor Javier Fernández Porrata ($40,488), Luis Felipe Cesani Cintrón ($$66,390), José Emanuel Serrano ($30,564), José Manuel Salinas Bermúdez ($18,180), Kenny Cruz Chévere ($49,476), Michael Martínez Torres ($21,444), Juan José Reyes Hernaiz ($35,022), Neyscha Lee Font Fontanez ($22,908), Christopher J. Mercedes-Sánchez ($30,168), Taylor Bryan Rentas Día ($22,374), Danny Olmo Quiñones ($22,440), y Francisco Carrillo Hernaiz ($43,152).
También fueron acusados Julio Omar Rodríguez-Algarín ($31,632), Alexander Barbosa Concepción ($23,304), Bryan Omar De Jesús Pizarro ($53,636), Bryan De Jesús Acevedo ($17,580), Carlos Alberto Batista Serrano ($53,070), Fabián Abdiel García Concepción ($22,440 ), Dianelys Ailysh Torres Pizarro ($34,692 ), Jamisael Jiménez Pérez ($30,366), Jerry Isaías Medina Hernández ($20,112), Jesús Manuel Crespo Rivera ($31,830), y Glendaly Rivera-Torres ($21,708).
La lista la completan Joumar Vale Sauri ($33,069), Kelvin Fermaint Hernández ($22,374), Kenneth Javier Escalera Paris ($17,910), Manuel Salinas Bermúdez ($40,086), Rodney Eiram Rodríguez-Rivera ($20,112 ), Yoanelys Vázquez González ($32,430 ), Eluzay De Jesús Acevedo ($17,376 ), y Luis Ángel Crespo Rivera ($33,162).
Los imputados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por robo de dinero del gobierno, y hasta cinco años por uso indebido de un número de seguro social, además de multas de hasta $250 mil y tres años de libertad supervisada.
Las acusaciones contienen solo cargos y no constituyen evidencia de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Las investigaciones fueron lideradas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, con la asistencia del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el DTRH.
